La atención psicológica dirigida a presos condenados por violencia de género se establece como un recurso esencial dentro de las políticas penitenciarias de prevención general.
Cada año, aproximadamente 1.200 internos sentenciados por agresiones machistas participan en programas terapéuticos específicos en cárceles de España. Esta acción, coordinada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pretende trascender la mera cumplimentación de la pena, consolidándose como una medida preventiva clave para eliminar conductas machistas en la sociedad.
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Actualmente, la violencia de género constituye la tercera causa de encarcelamiento masculino en España, posicionándose solo por detrás de los delitos contra el patrimonio (como robos o estafas) y los relacionados con la salud pública (principalmente tráfico de drogas).
Lourdes Gil, responsable de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, junto a Flori Pozuelo, encargada de los programas para internos, valoran positivamente la puesta en marcha y desarrollo de estos itinerarios terapéuticos, considerándolos un «auténtico logro». El objetivo central del programa es eliminar los factores de riesgo cognitivos y conductuales que originaron la conducta delictiva.
Un fenómeno transversal y sin un perfil definido
Las técnicas aplicadas insisten en que la violencia machista no responde a un perfil sociodemográfico específico, sino que es un problema transversal. En los grupos terapéuticos —formados habitualmente por unos 15 reclusos— conviven desde profesionales con formación superior hasta personas sin estudios, así como internos con condenas cortas junto a otros que cumplen penas largas.
Paula (nombre ficticio), psicóloga que implementa este programa con un enfoque cognitivo-conductual y perspectiva de género, destaca que esta diversidad es beneficiosa en las sesiones, que duran dos horas y media: «En ocasiones, los mensajes entre ellos tienen un mayor impacto que los nuestros. El intercambio entre iguales es fundamental porque se apoyan mutuamente; comentan, por ejemplo, que si hubieran contado antes con esta información, no estarían cumpliendo condenas por delitos graves».
El proceso rehabilitador enfrenta dificultades iniciales. Con frecuencia, los equipos terapéuticos deben abordar problemáticas adicionales prioritarias, como las adicciones. Aproximadamente el 70% de los internos presentan dependencia a drogas o alcohol al ingresar en prisión, una situación que el equipo de tratamiento evalúa antes y durante la intervención específica contra la violencia de género.
Abordar el «analfabetismo emocional»
Los programas se concentran en proporcionar a los reclusos herramientas para la gestión emocional, las cuales suelen ausentarles. Según la psicóloga, «son personas con grandes dificultades para reconocer, expresar o resolver problemas sin recurrir a la violencia».
El desarrollo de la empatía es el pilar básico del tratamiento, especialmente al tratar la violencia vicaria y el uso instrumental de los hijos. Según la experiencia en los módulos, la toma de conciencia sobre el impacto real en los menores es el principal desencadenante de un cambio en la conducta agresiva: «Al comprender el daño que causan, suelen conmoverse profundamente».
Interrumpir la transmisión intergeneracional
El valor principal de estas terapias reside en su efecto multiplicador fuera de prisión. Los expertos indican que una parte importante de los agresores vivieron en su infancia violencia de género, como testigos o víctimas, reproduciendo esas conductas en la edad adulta.
«Su lenguaje cambia. Es otra forma de prevención, pues comentan: ‘Transmitiré esto a mis hijos’», señala Paula, evidenciando cómo la intervención consigue detener la transmisión hereditaria del machismo. Por su parte, Lourdes Gil destaca la responsabilidad institucional: «El objetivo es que estas personas reflexionen sobre sus acciones y modifiquen conductas que les llevaron a actitudes negativas y, en ocasiones, agresivas hacia las mujeres».
La etapa final del tratamiento suele coincidir con los permisos de salida y la progresión a regímenes como el tercer grado o semilibertad. El regreso al entorno habitual expone a los internos a nuevas fuentes de estrés, como los procesos de divorcio o disputas por custodia. Afrontar estas situaciones complejas bajo supervisión es decisivo para consolidar los avances y asegurar una reinserción segura.
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