La funcionaria ejercitará su derecho a la declaración judicial después de optar por no declarar en la Jefatura. El caso gira en torno a una llamada con tono intimidatorio realizada a un joven desde las instalaciones policiales con la intención de «asustarle».
CEUTA. Una integrante de la Policía Nacional debe comparecer ante el juzgado como investigada en un proceso por un posible delito de coacciones. La investigación se inició tras la denuncia de un joven que afirma haber recibido amenazas telefónicas por parte de la agente, en un suceso vinculado a una condena previa por violencia de género y familiar que recayó en mayo sobre el padre del denunciante.
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta ya había sentenciado conforme al acuerdo al padre por amenazar a su ex pareja y presionar a su hijo. El fallo detallaba la gravedad del asunto, mencionando textualmente que el condenado usó a «supuestos agentes del Cuerpo Nacional de Policía» para intimidar al joven.
La investigación llevada a cabo por la UFAM: «O te presentas o acudirá una patrulla a arrestarte»
La pesquisa penal posterior fue realizada por el Grupo de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Judicial, derivada de la denuncia oficial del afectado.
El informe policial refleja que el trasfondo es un conflicto familiar relacionado con la posible venta del inmueble familiar. El denunciante comentó que, mientras estaba fuera de su casa, recibió una llamada desde un número fijo que la Jefatura Superior de Policía identificó como propio —concretamente, el correspondiente a la línea de ordenanza y apoyo—.
Durante la llamada, una mujer que se presentó como agente nacional le exigió con un tono «firme, autoritario y amenazante» que acudiera a la comisaría antes de las 13:00 horas porque su padre lo había denunciado. Si no lo hacía, le advirtió que mandaría una patrulla uniformada a su domicilio para detenerlo. Al volver, el joven, visiblemente ansioso, comprendió que todo formaba parte de un intento de su padre por amedrentarlo.
Aunque la Jefatura Superior confirmó oficialmente que se realizó la llamada desde sus dependencias hacia el móvil de la víctima, ni la grabación ni el contenido de la conversación quedaron registrados en el sistema informático.
La agente se remite a la justicia
Hasta el momento, la agente acudió voluntariamente a la Jefatura como investigada pero sin detención. Sin embargo, decidió acogerse a su derecho constitucional a no declarar ante sus compañeros de la brigada, por lo que su versión no se conocerá hasta su comparecencia ante el juez instructor en los próximos días.
Este procedimiento pretende clarificar si existió una conducta delictiva y un posible abuso del cargo por parte de la funcionaria, dentro del contexto de un plan coordinado para «menoscabar la integridad moral y la voluntad» del joven, tal y como la sentencia previa respecto al padre ya estableció.
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