A quince días de concluir el plazo, el Ministerio de Inclusión ha recibido ya 900.000 solicitudes, superando con creces procesos administrativos previos en el país.
El proceso para regularizar de forma extraordinaria a personas extranjeras en España avanza con cifras sin precedentes en la historia demográfica y laboral nacional. Faltando dos semanas para el cierre del periodo legal de presentación de solicitudes el 30 de junio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acumulado un total récord de 900.000 peticiones de extranjeros que buscan regularizar su estatus administrativo.
Estos datos provisionales superan ampliamente la regularización anterior más significativa en España, realizada en 2005 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se contabilizaron 691.655 solicitudes y se otorgaron 576.506 permisos de residencia.
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Actividad en oficinas y estado de los expedientes
El alto volumen de solicitantes registrado recientemente evidencia la importancia de la iniciativa, que pretende visibilizar el empleo no declarado y garantizar derechos laborales y fundamentales a los migrantes que residían de forma efectiva en España antes del 1 de enero de 2026.
De las 900.000 solicitudes presentadas, la Administración ha admitido aproximadamente 360.000 para su tramitación. Desde el Ministerio de Migraciones se ha llamado a mantener la calma, recordando que una vez inscrita formalmente la solicitud, las administraciones públicas cuentan con hasta tres meses para revisar los documentos y emitir sus correspondientes decisiones.
«Que nadie se quede fuera»: una meta común
Esta elevada cantidad de permisos en proceso ha movilizado una coordinación sin precedentes entre ministerios, oficinas de Extranjería, la Seguridad Social y la red postal de Correos. El lema principal tanto en dependencias oficiales como en comunidades durante las últimas semanas ha sido “que nadie quede excluido”. Este objetivo es compartido por el Gobierno, bufetes especializados y organizaciones no gubernamentales y vecinales que apoyan a los interesados en completar los trámites.
Para acceder a esta oportunidad excepcional de regularización, los solicitantes deben demostrar residencia continua en España de al menos cinco meses al momento de presentar la petición, no poseer antecedentes penales en España ni en sus países de origen en los últimos cinco años, y efectuar el pago de una tasa fija de 38,28 euros.
Impacto económico: valorar el capital humano
Más allá de la dimensión humanitaria y de derechos civiles, diversos estudios coinciden en el impacto económico positivo que esta regularización tendrá para las finanzas públicas. Se estima que la Seguridad Social recibirá un beneficio fiscal neto anual aproximado de 4.000 euros por cada extranjero que comience a cotizar regularmente. La finalidad principal es incorporar legalmente a una fuerza laboral que ya es vital para el desarrollo económico y productivo del país.
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