CEUTA — El Tribunal de Instancia Penal de Ceuta ha dado por concluido el juicio contra un ciudadano marroquí, solicitante de asilo y en situación irregular, para el cual la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por un supuesto delito de atentado a la autoridad agravado por el empleo de un instrumento peligroso. Además, la acusación solicita que la condena se sustituya por expulsión inmediata a Marruecos y una prohibición de entrada a España durante diez años.
Los sucesos ocurrieron en la madrugada del pasado 7 de septiembre cerca del polígono del Tarajal. Según la versión de los militares que presentaron la denuncia, acudieron a la zona de asentamientos tras recibir alertas por altercados y posibles robos. Al identificar al acusado, este, presuntamente, ofreció resistencia y utilizó un bote de espray de gas pimienta que portaba en el bolsillo, causando a los soldados molestias oculares, tos y reacciones cutáneas.
El procesado, por su parte, rechaza las imputaciones y afirma que fue víctima de una agresión violenta por parte de los militares. Presentó un parte médico con contusiones en la cabeza, afectación en un ojo y la pérdida de un diente. Asimismo, denunció que durante la instrucción del caso la intérprete se negó a traducir su declaración para impedir que pudiera denunciar a los soldados. La defensa cuestionó la proporcionalidad de la actuación, la ausencia de víctimas claras por el supuesto robo y la falta de una cadena de custodia definida del espray presentado como prueba.
Jornada marcada por juzgamientos vinculados a la crisis migratoria
Este proceso forma parte de una intensa jornada judicial en Ceuta destinada a juzgar altercados generados tras las entradas masivas ocurridas en meses recientes, en la que se resolvieron otros casos semejantes:
- Resistencia a la autoridad: Otro ciudadano marroquí fue condenado a nueve meses de prisión y multa por resistirse a tres militares durante una intervención motivada por supuestas extorsiones en la zona. La pena se sustituirá por su expulsión del país.
- Agresión confesada: Un tercer migrante aceptó una condena total de dos años y siete meses de cárcel y más de 4.500 euros en indemnizaciones tras admitir haber agredido a soldados y causar una lesión en el hombro a uno de ellos. La sentencia incluye expulsión inmediata a Marruecos y una prohibición de entrada de cinco años.
- Denuncias por robo entre particulares: Dos migrantes más (uno marroquí y otro tunecino) fueron juzgados por presunto robo de pertenencias y dinero a otro habitante del asentamiento mediante el uso de palos, aunque ambos alegaron ser víctimas que acudieron al lugar tras haber sido despojados anteriormente de sus propios bienes.
Estas decisiones reflejan un nuevo enfoque adoptado por la Fiscalía en Ceuta, orientado a aliviar la ocupación del centro penitenciario de Fuente Mendizábal mediante la conmutación total de las penas de prisión por la expulsión inmediata a sus países de origen.
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Los sucesos ocurrieron en la madrugada del pasado 7 de septiembre cerca del polígono del Tarajal. Según la versión de los militares que presentaron la denuncia, acudieron a la zona de asentamientos tras recibir alertas por altercados y posibles robos. Al identificar al acusado, este, presuntamente, ofreció resistencia y utilizó un bote de espray de gas pimienta que portaba en el bolsillo, causando a los soldados molestias oculares, tos y reacciones cutáneas.
El procesado, por su parte, rechaza las imputaciones y afirma que fue víctima de una agresión violenta por parte de los militares. Presentó un parte médico con contusiones en la cabeza, afectación en un ojo y la pérdida de un diente. Asimismo, denunció que durante la instrucción del caso la intérprete se negó a traducir su declaración para impedir que pudiera denunciar a los soldados. La defensa cuestionó la proporcionalidad de la actuación, la ausencia de víctimas claras por el supuesto robo y la falta de una cadena de custodia definida del espray presentado como prueba.
Jornada marcada por juzgamientos vinculados a la crisis migratoria
Este proceso forma parte de una intensa jornada judicial en Ceuta destinada a juzgar altercados generados tras las entradas masivas ocurridas en meses recientes, en la que se resolvieron otros casos semejantes:
- Resistencia a la autoridad: Otro ciudadano marroquí fue condenado a nueve meses de prisión y multa por resistirse a tres militares durante una intervención motivada por supuestas extorsiones en la zona. La pena se sustituirá por su expulsión del país.
- Agresión confesada: Un tercer migrante aceptó una condena total de dos años y siete meses de cárcel y más de 4.500 euros en indemnizaciones tras admitir haber agredido a soldados y causar una lesión en el hombro a uno de ellos. La sentencia incluye expulsión inmediata a Marruecos y una prohibición de entrada de cinco años.
- Denuncias por robo entre particulares: Dos migrantes más (uno marroquí y otro tunecino) fueron juzgados por presunto robo de pertenencias y dinero a otro habitante del asentamiento mediante el uso de palos, aunque ambos alegaron ser víctimas que acudieron al lugar tras haber sido despojados anteriormente de sus propios bienes.
Estas decisiones reflejan un nuevo enfoque adoptado por la Fiscalía en Ceuta, orientado a aliviar la ocupación del centro penitenciario de Fuente Mendizábal mediante la conmutación total de las penas de prisión por la expulsión inmediata a sus países de origen.
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Los sucesos ocurrieron en la madrugada del pasado 7 de septiembre cerca del polígono del Tarajal. Según la versión de los militares que presentaron la denuncia, acudieron a la zona de asentamientos tras recibir alertas por altercados y posibles robos. Al identificar al acusado, este, presuntamente, ofreció resistencia y utilizó un bote de espray de gas pimienta que portaba en el bolsillo, causando a los soldados molestias oculares, tos y reacciones cutáneas.
El procesado, por su parte, rechaza las imputaciones y afirma que fue víctima de una agresión violenta por parte de los militares. Presentó un parte médico con contusiones en la cabeza, afectación en un ojo y la pérdida de un diente. Asimismo, denunció que durante la instrucción del caso la intérprete se negó a traducir su declaración para impedir que pudiera denunciar a los soldados. La defensa cuestionó la proporcionalidad de la actuación, la ausencia de víctimas claras por el supuesto robo y la falta de una cadena de custodia definida del espray presentado como prueba.
Jornada marcada por juzgamientos vinculados a la crisis migratoria
Este proceso forma parte de una intensa jornada judicial en Ceuta destinada a juzgar altercados generados tras las entradas masivas ocurridas en meses recientes, en la que se resolvieron otros casos semejantes:
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Los sucesos ocurrieron en la madrugada del pasado 7 de septiembre cerca del polígono del Tarajal. Según la versión de los militares que presentaron la denuncia, acudieron a la zona de asentamientos tras recibir alertas por altercados y posibles robos. Al identificar al acusado, este, presuntamente, ofreció resistencia y utilizó un bote de espray de gas pimienta que portaba en el bolsillo, causando a los soldados molestias oculares, tos y reacciones cutáneas.
El procesado, por su parte, rechaza las imputaciones y afirma que fue víctima de una agresión violenta por parte de los militares. Presentó un parte médico con contusiones en la cabeza, afectación en un ojo y la pérdida de un diente. Asimismo, denunció que durante la instrucción del caso la intérprete se negó a traducir su declaración para impedir que pudiera denunciar a los soldados. La defensa cuestionó la proporcionalidad de la actuación, la ausencia de víctimas claras por el supuesto robo y la falta de una cadena de custodia definida del espray presentado como prueba.
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