VITORIA — Han pasado quince años desde que, el 20 de octubre de 2011, la dirección de ETA comunicara el cese definitivo de sus acciones armadas. Desde entonces, el número de personas en prisión vinculadas a esta organización terrorista ha disminuido considerablemente. De los 700 militantes y simpatizantes encarcelados en prisiones de España y Francia en aquel momento, hoy quedan alrededor de 110 que continúan cumpliendo sus condenas, más de la mitad bajo un régimen de semilibertad.
Desde el inicio, en 2018, del acercamiento progresivo de los reclusos y tras la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en octubre de 2021, todos los presos en España cumplen su condena en las tres prisiones vascas y en la de Navarra. Solo dos presos, Mikel Karrera Sarobe y Saioa Sánchez Iturregi, permanecen en Francia, recluidos por el asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton en 2007.
Claves del viraje penitenciario y el régimen actual
La situación actual se ha configurado a partir de dos momentos fundamentales en los últimos diez años:
- Reconocimiento del daño (2013): La aceptación por parte del colectivo oficial de presos de ETA (EPPK) de cumplir la legislación penitenciaria individualmente y admitir el «daño causado», dejando atrás la demanda histórica de una amnistía colectiva.
- Transferencia de prisiones a Euskadi (2021): El traspaso de competencias al Ejecutivo autónomo ha conducido a que el Departamento vasco de Justicia haya concedido 129 terceros grados (36 impugnados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional) y 54 aplicaciones del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Actualmente, entre los 94 presos vinculados al EPPK, 68 están en régimen de semilibertad (43 con tercer grado y 25 bajo el artículo 100.2), según cifras de la asociación Etxerat. Entre ellos se encuentran exdirigentes de ETA como Soledad Iparragirre (Anboto), Henri Parot, Garikoitz Aspiazu (Txeroki) y Juan Antonio Olarra Guridi. Por otro lado, 11 reclusos disidentes que no se integraron en el EPPK conforman el grupo Tinko, que continúa reclamando una amnistía completa.
Controversia política y social
Mientras el Gobierno Vasco sostiene que sus actuaciones cumplen la legalidad vigente para facilitar la reinserción de personas que han cumplido extensas condenas, asociaciones de víctimas como Covite y la AVT califican este enfoque como una «amnistía encubierta». En el ámbito político, partidos como el PP y Vox critican estos beneficios penitenciarios, relacionándolos con acuerdos parlamentarios entre el Gobierno central y EH Bildu.
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UNIRME GRATIS AL CANALVITORIA — Han pasado quince años desde que, el 20 de octubre de 2011, la dirección de ETA comunicara el cese definitivo de sus acciones armadas. Desde entonces, el número de personas en prisión vinculadas a esta organización terrorista ha disminuido considerablemente. De los 700 militantes y simpatizantes encarcelados en prisiones de España y Francia en aquel momento, hoy quedan alrededor de 110 que continúan cumpliendo sus condenas, más de la mitad bajo un régimen de semilibertad.
Desde el inicio, en 2018, del acercamiento progresivo de los reclusos y tras la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en octubre de 2021, todos los presos en España cumplen su condena en las tres prisiones vascas y en la de Navarra. Solo dos presos, Mikel Karrera Sarobe y Saioa Sánchez Iturregi, permanecen en Francia, recluidos por el asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton en 2007.
Claves del viraje penitenciario y el régimen actual
La situación actual se ha configurado a partir de dos momentos fundamentales en los últimos diez años:
- Reconocimiento del daño (2013): La aceptación por parte del colectivo oficial de presos de ETA (EPPK) de cumplir la legislación penitenciaria individualmente y admitir el «daño causado», dejando atrás la demanda histórica de una amnistía colectiva.
- Transferencia de prisiones a Euskadi (2021): El traspaso de competencias al Ejecutivo autónomo ha conducido a que el Departamento vasco de Justicia haya concedido 129 terceros grados (36 impugnados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional) y 54 aplicaciones del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Actualmente, entre los 94 presos vinculados al EPPK, 68 están en régimen de semilibertad (43 con tercer grado y 25 bajo el artículo 100.2), según cifras de la asociación Etxerat. Entre ellos se encuentran exdirigentes de ETA como Soledad Iparragirre (Anboto), Henri Parot, Garikoitz Aspiazu (Txeroki) y Juan Antonio Olarra Guridi. Por otro lado, 11 reclusos disidentes que no se integraron en el EPPK conforman el grupo Tinko, que continúa reclamando una amnistía completa.
Controversia política y social
Mientras el Gobierno Vasco sostiene que sus actuaciones cumplen la legalidad vigente para facilitar la reinserción de personas que han cumplido extensas condenas, asociaciones de víctimas como Covite y la AVT califican este enfoque como una «amnistía encubierta». En el ámbito político, partidos como el PP y Vox critican estos beneficios penitenciarios, relacionándolos con acuerdos parlamentarios entre el Gobierno central y EH Bildu.
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VITORIA — Han pasado quince años desde que, el 20 de octubre de 2011, la dirección de ETA comunicara el cese definitivo de sus acciones armadas. Desde entonces, el número de personas en prisión vinculadas a esta organización terrorista ha disminuido considerablemente. De los 700 militantes y simpatizantes encarcelados en prisiones de España y Francia en aquel momento, hoy quedan alrededor de 110 que continúan cumpliendo sus condenas, más de la mitad bajo un régimen de semilibertad.
Desde el inicio, en 2018, del acercamiento progresivo de los reclusos y tras la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en octubre de 2021, todos los presos en España cumplen su condena en las tres prisiones vascas y en la de Navarra. Solo dos presos, Mikel Karrera Sarobe y Saioa Sánchez Iturregi, permanecen en Francia, recluidos por el asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton en 2007.
Claves del viraje penitenciario y el régimen actual
La situación actual se ha configurado a partir de dos momentos fundamentales en los últimos diez años:
- Reconocimiento del daño (2013): La aceptación por parte del colectivo oficial de presos de ETA (EPPK) de cumplir la legislación penitenciaria individualmente y admitir el «daño causado», dejando atrás la demanda histórica de una amnistía colectiva.
- Transferencia de prisiones a Euskadi (2021): El traspaso de competencias al Ejecutivo autónomo ha conducido a que el Departamento vasco de Justicia haya concedido 129 terceros grados (36 impugnados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional) y 54 aplicaciones del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Actualmente, entre los 94 presos vinculados al EPPK, 68 están en régimen de semilibertad (43 con tercer grado y 25 bajo el artículo 100.2), según cifras de la asociación Etxerat. Entre ellos se encuentran exdirigentes de ETA como Soledad Iparragirre (Anboto), Henri Parot, Garikoitz Aspiazu (Txeroki) y Juan Antonio Olarra Guridi. Por otro lado, 11 reclusos disidentes que no se integraron en el EPPK conforman el grupo Tinko, que continúa reclamando una amnistía completa.
Controversia política y social
Mientras el Gobierno Vasco sostiene que sus actuaciones cumplen la legalidad vigente para facilitar la reinserción de personas que han cumplido extensas condenas, asociaciones de víctimas como Covite y la AVT califican este enfoque como una «amnistía encubierta». En el ámbito político, partidos como el PP y Vox critican estos beneficios penitenciarios, relacionándolos con acuerdos parlamentarios entre el Gobierno central y EH Bildu.
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Desde el inicio, en 2018, del acercamiento progresivo de los reclusos y tras la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno Vasco en octubre de 2021, todos los presos en España cumplen su condena en las tres prisiones vascas y en la de Navarra. Solo dos presos, Mikel Karrera Sarobe y Saioa Sánchez Iturregi, permanecen en Francia, recluidos por el asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton en 2007.
Claves del viraje penitenciario y el régimen actual
La situación actual se ha configurado a partir de dos momentos fundamentales en los últimos diez años:
- Reconocimiento del daño (2013): La aceptación por parte del colectivo oficial de presos de ETA (EPPK) de cumplir la legislación penitenciaria individualmente y admitir el «daño causado», dejando atrás la demanda histórica de una amnistía colectiva.
- Transferencia de prisiones a Euskadi (2021): El traspaso de competencias al Ejecutivo autónomo ha conducido a que el Departamento vasco de Justicia haya concedido 129 terceros grados (36 impugnados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional) y 54 aplicaciones del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Actualmente, entre los 94 presos vinculados al EPPK, 68 están en régimen de semilibertad (43 con tercer grado y 25 bajo el artículo 100.2), según cifras de la asociación Etxerat. Entre ellos se encuentran exdirigentes de ETA como Soledad Iparragirre (Anboto), Henri Parot, Garikoitz Aspiazu (Txeroki) y Juan Antonio Olarra Guridi. Por otro lado, 11 reclusos disidentes que no se integraron en el EPPK conforman el grupo Tinko, que continúa reclamando una amnistía completa.
Controversia política y social
Mientras el Gobierno Vasco sostiene que sus actuaciones cumplen la legalidad vigente para facilitar la reinserción de personas que han cumplido extensas condenas, asociaciones de víctimas como Covite y la AVT califican este enfoque como una «amnistía encubierta». En el ámbito político, partidos como el PP y Vox critican estos beneficios penitenciarios, relacionándolos con acuerdos parlamentarios entre el Gobierno central y EH Bildu.
