Hazte Oír ha comunicado su intención de interponer una querella contra los magistrados del Tribunal Constitucional que apoyen la concesión de medidas cautelarísimas solicitadas por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Estas medidas pretenden levantar la suspensión del derecho a voto para ciertos nacionalizados conforme a la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.
Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, manifestó que la organización defenderá la legalidad y unas elecciones transparentes hasta el final. Consideran que Gabilondo actúa en interés del Partido Socialista al promover el levantamiento de las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo.
Querella por presunta prevaricación
Hazte Oír afirma que eliminar las cautelas establecidas por el Supremo constituiría un menoscabo al Estado de Derecho y advierte que mantendrán su defensa de la legalidad y la justicia. La entidad ya presentó una denuncia contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y seis magistrados más, por una supuesta prevaricación vinculada a la amnistía en delitos de malversación.
Asimismo, Hazte Oír ha registrado un escrito de personación y oposición ante el Constitucional para preservar las cautelas dictadas por el Supremo y rechazar su suspensión sin la audiencia previa de las partes implicadas. De forma subsidiaria, solicita una tramitación urgente que incluya audiencia e informe de la oficina del censo electoral.
Medidas adicionales y respaldo público
La asociación ha facilitado a los ciudadanos un modelo para presentar quejas ante el Defensor del Pueblo con el objetivo de controlar el cumplimiento administrativo de las resoluciones del Supremo. El pasado viernes, entregaron a la Junta Electoral Central más de 89,000 firmas demandando una auditoría independiente del sistema provisional de recuento y garantías en las inscripciones censales pertinentes.
Por otro lado, Vox ha solicitado también al Tribunal Constitucional que impida al Gobierno de Pedro Sánchez llevar a cabo un fraude electoral con la Ley de Nietos, instando a que se inadmitan los recursos del Defensor del Pueblo.
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