Santos Cerdán, quien ocupó el cargo de secretario de Organización del Partido Socialista a nivel nacional, ha sido citado como testigo para el juicio que tratará la expulsión de cuatro concejales de Santiago de Compostela —Mercedes Rosón, Milagros Castro, Gonzalo Muíños y Marta Álvarez—, actualmente no adscritos. La defensa de estos ediles solicitó su comparecencia por ser el firmante de la resolución disciplinaria, y aunque el PSOE se opuso, la jueza ha aprobado su declaración. El juicio está programado para los días 7 y 8 de septiembre.
En la vista previa, el abogado de los concejales pidió que también comparecieran cuatro empleados eventuales del partido en Santiago y el exalcalde José Antonio Sánchez Bugallo, además de Cerdán, destacando el papel de este último en la firma de la expulsión.
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La representante legal del PSOE rechazó la inclusión de Cerdán argumentando que la petición perseguía un «efecto mediático», dada la situación legal de Cerdán en ese momento, detenido por presunta implicación en una trama de cobro de comisiones. Además, consideró que no era un testigo adecuado al haber dejado el partido.
Como alternativa, la defensa del PSOE solicitó la declaración del director de la Asesoría Jurídica de Ferraz, quien cuenta con un conocimiento directo sobre la tramitación de los expedientes disciplinarios, mientras que, según expusieron, Cerdán solo recibía para su firma la propuesta de resolución.
La magistrada desestimó los argumentos presentados por el PSOE y aceptó la totalidad de los testigos propuestos, incluyendo a Santos Cerdán.
Indicó que la afiliación actual de Cerdán es irrelevante dado que se le cita debido a que fue quien firmó la resolución. Asimismo, permitió la intervención del instructor de los expedientes en Ferraz, quien podrá aclarar las razones para imponer las sanciones y detallar el proceso aplicado.
También rechazó la solicitud realizada por la abogada del PSOE de no repetir las declaraciones de los cuatro demandantes, señalando que la vista cautelar tenía una finalidad distinta y subrayando la importancia del principio de inmediación, es decir, la presencia directa de los testigos ante el tribunal.
El conflicto que condujo a la expulsión de los concejales comenzó el 24 de junio de 2024, cuando los seis miembros del grupo municipal socialista de Santiago votaron a favor en el Pleno una ordenanza sobre viviendas turísticas, desobedeciendo la directriz local de abstenerse.
Ese mismo día, la ejecutiva local convocó una reunión para relevar a la jefa de gabinete y al responsable de comunicación. Gonzalo Muíños, que en ese momento era portavoz municipal, rechazó firmar dichos cambios y fue suspendido de militancia.
Posteriormente, la dirección local designó nuevos portavoces, pero las concejalas Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez no acudieron a la reunión para ratificar esos nombramientos, alegando que la convocatoria carecía de validez. Esta situación provocó la ruptura definitiva del grupo municipal y la expulsión de los cuatro ediles, quienes decidieron presentar una demanda para impugnar las resoluciones y solicitar su reincorporación.
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