Madrid, 6 de mayo de 2026 — La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, aclaró este miércoles a su llegada a un acto de la Fiscalía Europea que no dio ninguna orden para evitar que la Fiscalía Anticorrupción rebajase la petición de pena para el empresario Víctor de Aldama. «No me manifesté en contra», afirmó de forma categórica.
Esta controversia surge tras la presentación de las conclusiones definitivas en el juicio por los contratos irregulares de material sanitario durante la pandemia, que se está celebrando en el Tribunal Supremo. A pesar de la cooperación de Aldama con la justicia, Anticorrupción mantiene su solicitud de 7 años de prisión para el empresario.
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Debate interno y versiones contrapuestas
La declaración de Peramato busca aclarar los rumores sobre una supuesta confrontación con el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Fuentes fiscales señalan que, aunque hubo intercambios internos —normales en procesos de esta magnitud—, nunca existieron «órdenes ni presiones» desde la dirección para impedir la aplicación de una atenuante importante al empresario.
Sin embargo, la decisión de mantener las penas ha generado una reacción inmediata en el ámbito político:
- Alberto Núñez Feijóo: El líder del PP calificó de «escándalo» que la Fiscalía no haya reconocido la cooperación de Aldama, insinuando un posible interés político para evitar que el empresario revele más información.
Confirmación de las penas solicitadas
Mientras Peramato realizaba estas manifestaciones, Alejandro Luzón reafirmaba en el Supremo las solicitudes de condena para los principales acusados de la trama:
| Acusado | Cargo / Rol | Petición de cárcel |
| José Luis Ábalos | Exministro de Transportes | 24 años |
| Koldo García | Exasesor ministerial | 19 años y medio |
| Víctor de Aldama | Empresario / Comisionista | 7 años |
Intervención de la Fiscalía General
Peramato evitó detallar aspectos técnicos del caso, pero insistió en que varias informaciones difundidas recientemente «no coinciden con la realidad». Con este pronunciamiento, la fiscal general busca salvaguardar la independencia de Anticorrupción, que argumenta que la colaboración de Aldama no fue suficiente para modificar su postura original tras el desarrollo del juicio oral.
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