MADRID – Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, se presentó este miércoles en calidad de querellado ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. Al entrar en las instalaciones judiciales de Plaza de Castilla, Rodríguez negó de forma rotunda haber incurrido en un delito de revelación de secretos al compartir la identidad y las imágenes de dos periodistas de El País en un grupo de WhatsApp, indicando que la información no provino de fuentes policiales.
La explicación de la defensa: reconocimiento directo y denuncias vecinales
La principal parte de la declaración de Rodríguez se centró en desmentir que oficiales de la Policía le facilitaran detalles sobre los periodistas que estaban cerca del domicilio de la presidenta de la comunidad. Según su versión, fue un «vecino molesto» el que le envió una fotografía de los reporteros, tras expresar que estaban «perturbando a su hija menor de edad».
«La Policía nunca me proporcionó ningún dato de persona alguna. No necesito intermediarios para identificar a dos personas que conozco», declaró a la prensa. MAR afirmó que, tras recibir la imagen, pudo reconocer a los periodistas por su experiencia profesional y que desconocía que agentes de paisano los hubieran identificado formalmente hasta tiempo «después» de los hechos.
Contexto de la querella
Los eventos ocurrieron el 19 de marzo de 2024, en plena divulgación de las noticias relativas al presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. Ese día, Rodríguez remitió un mensaje en un grupo de periodistas en el que adjuntaba:
- Los nombres completos de los dos reporteros.
- Una imagen de ambos.
- La alegación de que estaban ejerciendo un «acoso propio de regímenes autoritarios» contra residentes y menores.
En esa misma jornada, un policía de paisano había identificado legalmente a los periodistas mientras realizaban su investigación. La querella, presentada inicialmente por el PSOE, pretende aclarar si el jefe de gabinete obtuvo datos reservados de una actuación policial para usarlos con intenciones de desacreditar.
«No existe un secreto»
Rodríguez minimizó la relevancia legal del asunto, cuestionando los fundamentos de la acusación por revelación de secretos. «¿Dónde está el secreto?», se preguntó, señalando que los afectados son figuras públicas que suscriben artículos diariamente. Para el jefe de gabinete, la continuada denuncia de los socialistas obedece a una estrategia política para que la ciudadanía lo observe acudir al juzgado y «parezca responsable de algo».
Tras la comparecencia de Rodríguez, la magistrada también tomó declaración a los dos periodistas implicados y a varios testigos para determinar si existió una fuga de datos oficiales o si, como sostiene el investigado, se trató de una coincidencia vecinal.
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