MADRID – Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha expresado su desacuerdo con la Fiscalía General del Estado tras confirmarse que no reducirá la condena solicitada para Víctor de Aldama en el denominado ‘caso Mascarillas’. Feijóo ha calificado esta resolución como un «escándalo» y ha denunciado una posible influencia política con la intención de sancionar al empresario debido a sus denuncias contra el entorno de Pedro Sánchez.
Críticas a la supuesta purga en la Fiscalía
En su llegada a un evento en el Senado, Feijóo argumentó que, en Derecho Penal, lo habitual sería aplicar una reducción de pena a quienes colaboran con la justicia. El líder popular señaló directamente a los altos cargos de la Fiscalía por desautorizar al fiscal anticorrupción, impidiendo así que se beneficie quien ha señalado al presidente del Gobierno como el principal responsable de la trama.
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Feijóo afirmó: «Resulta preocupante que la Fiscalía General impida a un fiscal anticorrupción actuar conforme a su propia política de rebajar penas a quienes contribuyen a las investigaciones».
El PP, que ejerce la acusación popular, sí ha reducido su petición de prisión para Aldama de siete a cinco años. El Gobierno ha criticado esta postura tildándola de un «pacto de intereses», mientras que los populares la defienden como una práctica habitual para proteger a los denunciantes.
Medidas contra Bolaños y defensa del informante
Ante lo que consideran una subordinación del Ministerio Público al Ejecutivo, el PP ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que explique las deficiencias de la Autoridad Independiente de Protección al Informante.
Desde la formación reiteran que dicho organismo esencial para combatir la corrupción presenta:
- Ausencia de presupuesto propio.
- Dependencia directa del Ministerio de Justicia.
- Personal insuficiente que garantice una protección efectiva a quienes denuncian casos de corrupción.
Teresa Peramo, foco de críticas
Esta iniciativa parlamentaria se suma a la petición para que comparezca la fiscal general del Estado, Teresa Peramo. El PP la acusa de realizar una «purga» interna mediante nombramientos estratégicos dirigidos, según su criterio, a proteger al Gobierno frente a avances judiciales en causas relacionadas con el PSOE.
Con estas acciones, Feijóo pretende centrar el debate en la gestión del Ministerio de Justicia y cuestionar si el Estado está ofreciendo las garantías necesarias para que se esclarezca la verdad sobre el ‘caso Ábalos’ sin que los implicados que colaboren sufran represalias.
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