La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha subrayado la urgencia para España de controlar el aumento del gasto público en pensiones y de implementar un ajuste en su sistema fiscal. El organismo señala que la última reforma de pensiones promovida por el Gobierno podría no ser suficiente para asegurar la viabilidad del sistema de cara al envejecimiento de la población.
Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE, destacó que España afronta un doble reto: garantizar la estabilidad financiera de las pensiones a largo plazo y, paralelamente, desarrollar un sistema impositivo que favorezca la eficiencia sin cargar en exceso sobre el empleo. Entre las sugerencias del organismo figuran disminuir la presión fiscal sobre los salarios e incrementar los impuestos indirectos, entre ellos el IVA, así como aquellos vinculados a la protección medioambiental.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que su propuesta de reforma fiscal probablemente no obtendrá el respaldo necesario en el Congreso debido a la falta de apoyo de grupos como Podemos y Junts, lo que complica la implementación de la agenda económica del Gobierno y ejerce mayor presión sobre las finanzas públicas.
Además, Bruselas ha manifestado su inquietud, apuntando que España corre el riesgo de incumplir las normas fiscales europeas acordadas, lo que podría derivar en advertencias o sanciones por parte de la Comisión Europea. No obstante, la UE ha elevado sus expectativas de crecimiento para España, situándolas en un 2,9% para 2025, cifra que supera más del doble la media comunitaria y refleja la fortaleza económica del país frente al resto del bloque.
La OCDE enfatiza que estas recomendaciones trascienden un simple ajuste presupuestario; constituyen una estrategia para preservar la salud financiera pública a largo plazo y evitar que el sistema de pensiones se vea afectado por el incremento de la población mayor de 65 años. Igualmente, la propuesta de reequilibrio fiscal busca impulsar la actividad económica, reduciendo la carga sobre el trabajo y favoreciendo impuestos ecológicos que apoyen la transición a un modelo sostenible.
En este escenario, España afronta un momento crucial para definir su política económica, con el desafío de armonizar crecimiento, sostenibilidad fiscal y estabilidad política. Las decisiones que se adopten en los próximos meses serán fundamentales para que las reformas estructurales se ejecuten sin comprometer la cohesión social ni la competitividad nacional.
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