MADRID – El Partido Popular, con su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, ha rechazado una propuesta de la oposición para investigar las pérdidas financieras vinculadas a la expansión internacional de Canal de Isabel II en Iberoamérica. Esta resolución impide llevar a cabo una auditoría concreta sobre las cuantiosas pérdidas generadas por las filiales en el extranjero, un asunto que desde la izquierda se califica como un importante déficit patrimonial.
El origen del conflicto: dudas sobre las filiales
La controversia está vinculada a la gestión de Canal Extensia, la división responsable de las inversiones internacionales de la compañía pública madrileña. Según los reportes que motivan la reclamada auditoría, la expansión exterior del Canal ha provocado una depreciación significativa de activos y procesos judiciales que podrían implicar a las finanzas públicas pérdidas que se cuentan en decenas de millones de euros.
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Los grupos de oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) coincidían en la importancia de que la Cámara de Cuentas realizara un estudio exhaustivo sobre la disolución de estas filiales, especialmente después de los casos de corrupción detectados anteriormente, como el caso Lezo, que afectaron la gestión de la empresa en países latinoamericanos como Colombia y Brasil.
Motivos para el veto
Desde el grupo parlamentario popular se han defendido argumentando que Canal de Isabel II ya está sujeto a rigurosos controles legales y que la iniciativa de la oposición responde únicamente a un intento de desgaste político hacia la gestión de Isabel Díaz Ayuso. El PP sostiene que las cuentas de la empresa son públicas y transparentes, y que no es imprescindible activar una comisión o fiscalización especial para incidentes que, en su opinión, están siendo abordados de forma técnica y legal.
En cambio, la oposición ha criticado la postura del Ejecutivo regional, acusándola de falta de transparencia y proteccionismo. Señalan que se impide a la ciudadanía conocer la dimensión real del daño económico y se evita que se establezcan responsabilidades por una administración que consideran descuidada.
Un perjuicio económico considerable
Aunque aún no existe una cifra definitiva por la ausencia de una auditoría específica, se estima que las pérdidas derivadas de la salida desordenada y las disputas legales internacionales de las filiales americanas superan los 100 millones de euros.
Con esta decisión, el Partido Popular protege, al menos temporalmente, la gestión de la principal empresa pública de la Comunidad de Madrid ante el escrutinio del parlamento autonómico, mientras la oposición busca ahora otras vías legales o administrativas para exigir mayor transparencia en las cuentas del Canal.
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