La pesquisa judicial relacionada con el accidente ferroviario en Adamuz ha tomado un rumbo relevante tras las observaciones hechas por los peritos asignados por el juzgado de Montoro. La juez titular, Cristina Pastor, ha solicitado de manera urgente a Adif la entrega inmediata de toda la documentación vinculada a las obras de emergencia realizadas en el tramo donde ocurrió la colisión del convoy, un incidente que causó la muerte de 46 personas. Esta medida surge luego de que los especialistas hayan comunicado oficialmente que carecen de «ningún documento» sobre las labores de reacondicionamiento y renovación de desvíos efectuadas por la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.
El auto judicial obliga a la entidad responsable de la infraestructura a presentar todos los informes de auscultación efectuados en el tramo cordobés, con especial énfasis en las mediciones previas a la recepción de los trabajos y en las fechas posteriores al trágico accidente del 18 de enero. Asimismo, se ha solicitado la documentación relativa a la adquisición de balasto para la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el fin de comprobar si las piedras y materiales de la vía cumplían con los requisitos técnicos exigidos para la alta velocidad.
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Incertidumbre ante la renovación de desvíos certificada semanas antes del accidente
Los peritos responsables del examen técnico han manifestado en sus informes iniciales importantes incertidumbres sobre la realización de las obras por parte de Adif-AV. En el proceso judicial, los expertos destacan como una coincidencia «al menos llamativa» que los aparatos de vía del Puesto de Banalización de Adamuz hayan sido objeto de trabajos de renivelación y ajuste de la rasante del carril similares a los efectuados en el punto exacto donde posteriormente se produjo la rotura de la soldadura.
Lo que ha llamado la atención de los investigadores es que el acta oficial de recepción de estas obras de renovación fue firmada el 19 de diciembre de 2025, poco más de un mes antes del accidente y cuando la infraestructura todavía estaba dentro del período legal de garantía. Este dato ha llevado a los peritos a cuestionar la rigurosidad en el control de calidad realizado antes de permitir la reapertura comercial de la línea.
Refuerzo de la cadena de custodia para impedir manipulaciones en las muestras
Para impedir interferencias en el proceso, la jueza a cargo ha reforzado el protocolo de análisis de las pruebas recogidas en el sitio del accidente. La Guardia Civil será responsable exclusivamente de la custodia, traslado y entrega de los materiales metálicos e indicios biológicos a los laboratorios especializados, debiendo registrar mediante acta confidencial cada movimiento o manipulación de las piezas.
La magistrada ha advertido formalmente a las entidades encargadas del análisis para que extremen las precauciones con las probetas obtenidas, estableciendo un plazo máximo de dos meses para la finalización de los estudios. Los ensayos de laboratorio se realizarán en presencia obligatoria de la policía judicial y de los peritos de la causa, asegurando que la investigación sobre la red ferroviaria se ejecute bajo un estricto principio de confidencialidad probatoria.
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