La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido el auto que abre la ejecutoria de la sentencia del denominado caso Koldo, solicitando formalmente a los condenados el pago de 647.000 euros correspondientes a multas, indemnizaciones y decomiso de beneficios ilegales. La decisión judicial establece un plazo estricto de 15 días para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama abonen las sumas establecidas tras el juicio por la recepción de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.
En el detalle de las sanciones económicas, el tribunal supremo impone multas de 52.500 euros a José Luis Ábalos, 45.750 euros a Koldo García y 75.000 euros a Víctor de Aldama. Además, el auto determina la responsabilidad civil solidaria del exministro y su antiguo asesor, quienes deberán indemnizar conjuntamente a las empresas públicas Ineco con 34.450 euros y a Tragsatec con 9.500 euros por los daños económicos ocasionados a estas entidades estatales.
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Decomiso de beneficios ilícitos y liquidación de penas de prisión
La resolución judicial indica que las mordidas relacionadas con el delito de cohecho sumaron un total de 430.298 euros, cantidad que fue distribuida entre los tres implicados conforme a la operativa coordinada por Aldama. Para asegurar la devolución del dinero público, la Sala ha establecido la responsabilidad solidaria entre los tres condenados hasta cubrir el total de las ganancias declaradas en sentencia. La gestión y ejecución de los bienes embargados estará supervisada directamente por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
Además de las medidas económicas, el Tribunal Supremo ha formalizado la liquidación de las penas privativas de libertad. La resolución establece que Ábalos cumplirá un tiempo máximo de 15 años y 18 meses de prisión, mientras que para Koldo García el límite máximo queda fijado en 15 años, activándose la vía de apremio sobre sus patrimonios si no realizan los pagos en el plazo estipulado.
Comparecencias semestrales y suspensión condicional para Aldama
Por su parte, el empresario Víctor de Aldama ha evitado su ingreso inmediato en prisión gracias a la suspensión de la ejecución de sus penas privativas de libertad, condicionada al estricto cumplimiento de varias obligaciones judiciales. El auto lo obliga a presentarse ante el juzgado en un plazo de 15 días para ratificar su conformidad en prestar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Asimismo, la resolución del alto tribunal impone a Aldama la obligación de personarse cada seis meses ante la Sala Penal para informar detalladamente sobre sus actividades empresariales y comerciales, demostrando el cumplimiento íntegro del ordenamiento jurídico. Con esta orden de ejecución, el Supremo finaliza la fase de enjuiciamiento del caso, iniciando el proceso para el cobro y ejecución de las penas contra los principales responsables.
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