MADRID.— Esta mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido a la sede principal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) situada en la calle Ferraz de Madrid. La operación judicial, llevada a cabo en coordinación conjunta entre la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, busca obtener pruebas tanto informáticas como documentales relacionadas con una presunta red de financiación ilegal y la existencia de una contabilidad paralela diseñada para evitar la supervisión del Tribunal de Cuentas.
Según fuentes cercanas a la investigación, esta entrada se realiza siguiendo la orden del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, bajo la dirección del magistrado Santiago Pedraz. La diligencia forma parte de una derivación directa y confidencial del conocido ‘caso Leire’, que investiga supuestas irregularidades y manipulaciones en la concesión de ayudas y rescates públicos a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Los esfuerzos se centran en las áreas financieras de la sede nacional. Actualmente, especialistas en delitos económicos de la UCO actúan en los sistemas informáticos centrales junto con el responsable TIC del partido. La finalidad principal es copiar correos electrónicos, servidores internos y registros contables que permitan confrontar con la documentación bancaria recopilada tras meses de indagaciones confidenciales. La Fiscalía sospecha de pagos reiterados en efectivo y desvíos de fondos que podrían haber financiado gastos personales de miembros del partido, así como campañas electorales recientes.
Registros coordinados en varias localidades españolas
El operativo no se limita a la sede madrileña del PSOE. La orden judicial incluye registros simultáneos en múltiples viviendas y despachos relacionados con altos cargos del partido distribuidos por distintas regiones peninsulares. Según fuentes judiciales, el movimiento irregular de fondos asociado a esta supuesta trama se habría extendido de forma constante entre 2017 y 2024, involucrando a presuntas figuras representativas de la estructura orgánica del partido.
Esta medida judicial coincide con un momento políticamente complejo para el Ejecutivo. El presidente Pedro Sánchez se encuentra actualmente en el Vaticano, donde ha mantenido una audiencia con el Papa León XIV y tiene prevista una rueda de prensa en Roma. El impacto de la operación ha provocado una inmediata reacción en las instituciones de Madrid.
Repercusiones políticas en el Congreso
La noticia sobre el registro se difundió justo al inicio de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, sorprendiendo tanto a los miembros del gabinete como a los diferentes grupos parlamentarios. La oposición ha manifestado un rechazo contundente, calificando la situación como una crisis institucional insostenible.
Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo ha señalado la gravedad del asunto e instado al presidente del Gobierno a disolver las Cortes y convocar elecciones generales de inmediato. La portavoz popular, Ester Muñoz, criticó el silencio de los socios parlamentarios de la coalición frente a los recientes sucesos judiciales, preguntándose si no les resulta reprochable mantener esa situación para evitar que el Partido Popular acceda al poder. Mientras avanza la jornada, la UCO continúa con las actuaciones en la sede de Ferraz, en una jornada que podría marcar un punto decisivo en el actual periodo legislativo.
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