Dirigentes territoriales y miembros de la Ejecutiva demandan una respuesta rápida para evidenciar que «no existió connivencia» con la exmilitante, aunque la dirección federal opta por aguardar los avances de la investigación.
MADRID. — La tensión dentro del PSOE se intensifica. Un grupo cada vez mayor de dirigentes en la cúpula del partido, junto con federaciones territoriales y alcaldes de grandes ciudades, demandan a Ferraz que emprenda acciones legales inmediatamente y presente una querella contra Leire Díez, quien presuntamente habría actuado bajo indicaciones del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, para entorpecer investigaciones policiales y judiciales.
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La finalidad de esta medida es política: proteger la imagen del partido y enviar a la ciudadanía un mensaje claro de que «no hubo colaboración alguna» con la exmilitante.
“Cada momento que se demora en querellarnos nos afecta negativamente, pues se transmite una impresión equivocada como si el PSOE tuviera algo que ocultar”, señala un integrante de la dirección federal.
Ferraz solicita prudencia ante la inquietud de los territorios
Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado viernes se mostró abierto a considerar acciones legales, la dirección oficial de Ferraz mantiene cautela. Voces oficiales del partido indican que no se descarta ninguna acción judicial, pero prefieren esperar a que avance la investigación.
En el mismo sentido, la vicesecretaria general, María Jesús Montero, ha pedido respetar el trabajo riguroso de los expertos antes de emprender procedimientos legales.
Esta postura prudente contrasta con el descontento de barones y secretarios autonómicos, quienes recuerdan que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya solicitó esta querella en octubre del año pasado. «Estamos retrasados», subrayan desde varias federaciones, donde temen que la demora pueda generar la falsa percepción de temor respecto a lo que Díez pueda revelar.
Aspectos clave del caso judicial de Leire Díez
- Acusación principal: Díez está imputada desde finales del año anterior por supuestamente facilitar rescates, contratos y ayudas públicas a cambio de comisiones fraudulentas que suman 750.000 euros, que presuntamente fueron distribuidas junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Joseba Antxon Alonso.
- Imputación de la gerente: El juez Santiago Pedraz explora si Santos Cerdán ordenó pagar a Díez 4.000 euros mensuales con fondos del partido mediante facturación falsa, motivo por el cual la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, está imputada. Desde el partido aseguran que Fuentes fue engañada.
- Citación de Cristina Narbona: La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó en abril de 2024 una conversación en la que Díez ofrecía a la presidenta del PSOE «ayuda especializada» para contrarrestar las investigaciones judiciales dirigidas a la familia del presidente. Por ello, Narbona declarará como testigo el próximo 10 de julio en la Audiencia Nacional.
Perspectivas judiciales complicadas
El debate sobre si es conveniente presentar la querella genera ciertas dudas entre algunos miembros. Algunos alcaldes advierten que podría ser riesgoso iniciar acciones legales contra Díez si se comprueba que actuaba bajo la dirección directa de la Secretaría de Organización de Cerdán.
No obstante, el sentir predominante entre los socialistas es de agotamiento ante el perjuicio reputacional, en un contexto especialmente sensible. Las filas del PSOE asumen con disciplina la cuenta regresiva para la declaración la próxima semana del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por presunto tráfico de influencias, que retrasó su comparecencia ante el juez José Luis Calama para fortalecer su defensa.
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