El presidente de la Generalitat ha expresado su descontento porque el magistrado haya delegado en un sustituto la resolución sobre el permiso para que la esposa de Pedro Sánchez asista a la cumbre de la OTAN.
BARCELONA. — Salvador Illa, presidente de la Generalitat, manifestó este lunes una dura crítica hacia la actuación del juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez. Illa mostró su desacuerdo con que el magistrado haya comenzado sus vacaciones sin dictaminar aún si autoriza a la esposa del presidente del Gobierno a viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), que inicia mañana.
La delegación de Gómez había solicitado dicho permiso judicial tras la retirada cautelar de su pasaporte, medida tomada por su imputación en casos presuntamente relacionados con tráfico de influencias y malversación. En ausencia de Peinado, la responsabilidad de la decisión recaerá ahora en un juez suplente, quien deberá resolver la situación con rapidez.
«La actitud del juez Peinado se juzga por sí misma», afirmó Illa, mostrando su preocupación por la lentitud del procedimiento.
Consideración de una medida desproporcionada
El dirigente catalán también comentó sobre la esencia de las medidas cautelares dirigidas a la esposa de Pedro Sánchez. Illa calificó la retirada del pasaporte como una acción excesiva y poco adecuada, sugiriendo que la severidad de la medida no corresponde con el contexto del caso.
Preocupación sobre la imparcialidad judicial
Consultado sobre la posible existencia de lawfare (uso de actuaciones judiciales con fines políticos) en España, Illa optó por un enfoque mesurado con el término, pero alertó sobre la percepción del sistema judicial:
- Percepción pública: Mencionó como «muy preocupante» la sensación de amplios sectores sociales respecto a la falta de imparcialidad en ciertos asuntos judiciales.
- Principios democráticos: Destacó que la independencia judicial no es un objetivo exclusivo, sino un medio esencial para asegurar su imparcialidad.
Con estas palabras, Illa se alinea con la corriente socialista del Gobierno, que desde hace meses cuestiona los tiempos y decisiones del juez Peinado en un caso que continúa generando tensión política.
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