Madrid. La justicia civil de Madrid ha autorizado el procesamiento de la demanda que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha presentado contra el empresario Víctor de Aldama, comisionista implicado y pieza clave en el ‘caso Koldo’. Un juzgado en la capital ha admitido a trámite la demanda con la que Bolaños acusa a Aldama de atentado contra su derecho al honor por haber afirmado públicamente que intentó sobornarle para garantizar su silencio.
Esta decisión judicial, adelantada por elDiario.es y confirmada por fuentes oficiales del Ministerio de Justicia, da paso a una acción civil contra el empresario, a quien el ministro reclama una indemnización de 70.000 euros por los daños sufridos.
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Origen del conflicto: Declaraciones en un programa televisivo
La acción legal del ministro se fundamenta en las declaraciones realizadas en febrero por Víctor de Aldama durante una entrevista en el canal autonómico Telemadrid. En su intervención, el empresario implicó directamente a Bolaños en supuestas acciones ilegales para impedir que se conocieran detalles del entramado corrupto:
“Se pusieron en contacto conmigo para que guardara silencio y para ofrecerme un soborno de gran cuantía.”
Petición del ministro ante el juez
En la demanda admitida, los representantes legales de Félix Bolaños especifican las exigencias formuladas al demandado como compensación por el daño reputacional ocasionado:
- Suspensión de las acusaciones: Bolaños solicita que Aldama se abstenga de hacer declaraciones similares o de igual significado, prohibiéndole expresamente difundirlas a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo televisión, prensa escrita, medios digitales, plataformas web y redes sociales.
- Rectificación pública en redes sociales: En caso de condena, se exige que el empresario publique el encabezado y el fallo de la sentencia en sus cuentas oficiales en redes sociales, con mención expresa a su perfil en la plataforma X (antiguamente Twitter).
- Compensación económica: Se solicita una indemnización de 70.000 euros por daños y perjuicios, cuantía que se incrementará con los intereses legales generados durante el proceso.
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