Madrid, 6 de mayo de 2026 — Acabar con la pobreza en España es financieramente viable, aunque requiere una inversión anual de 24.000 millones de euros. Este es el hallazgo principal del informe ‘Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios’, que hoy presentan la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
El estudio indica que, pese a que la pobreza extrema ha disminuido un 28% en la última década (2015-2025), la vulnerabilidad sigue siendo un problema estructural: el 19,5% de la población aún está en riesgo de pobreza y un 8% enfrenta exclusión severa.
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La paradoja del «trabajador pobre»
El informe alerta sobre un fenómeno preocupante: tener empleo ya no garantiza evitar la exclusión social. Un tercio de las personas en riesgo de pobreza en España trabaja.
- Precariedad laboral: El porcentaje de pobreza entre quienes tienen empleo es del 11,6%.
- Diferencias regionales: En Navarra, la probabilidad de ser pobre con empleo es del 6%, mientras que en Andalucía aumenta hasta el 17,4%.
- Brecha de género: La situación de las mujeres ha empeorado en comparación. En 2025, el 20,3% de las mujeres están en riesgo de pobreza, frente al 18,6% de los hombres, invirtiendo la tendencia de hace una década.
Desigualdad territorial: El coste de la solución
El gasto necesario para erradicar la pobreza varía considerablemente según la comunidad autónoma, reflejando las diferencias económicas en España:
| Región | Inversión requerida (% del PIB regional) | Tasa de riesgo de pobreza |
| Andalucía | 3,9% | 27,7% |
| Extremadura | (Alto impacto) | 26,2% |
| Madrid | (Bajo impacto) | 12,7% |
| País Vasco | 0,6% | 9,3% |
«Reducir la exclusión más profunda (ingresos inferiores al 40% de la mediana) costaría considerablemente menos: 8.800 millones de euros, lo que representa solo un 0,7% del PIB», detallan los autores Carmen Herrero, Antonio Villar y Carlos Albert.
Jóvenes y mujeres, los grupos más expuestos
El informe apunta que, aunque la pobreza entre personas mayores de 65 años se mantiene reducida gracias al sistema de pensiones, los jóvenes y quienes tienen contratos temporales registran las tasas más elevadas de exclusión social.
Para cambiar esta realidad, los expertos del Ivie instan a las administraciones a fortalecer las políticas de protección social y a mejorar la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, asegurando que las ayudas lleguen eficazmente a quienes, pese a trabajar, no consiguen cubrir sus necesidades básicas.
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