MADRID.– La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha optado por que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes continúe bajo la jurisdicción nacional. El alto tribunal ha rechazado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y, a la vez, ha desestimado la suspensión provisional del Real Decreto que se promulgó el 14 de abril para iniciar esta regularización.
Esta resolución se produce luego de que, el 30 de junio, el tribunal considerara la posibilidad de remitir al TJUE una consulta interpretativa para determinar si algunos aspectos del decreto podrían contravenir la normativa europea.
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Discrepancias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas
La propuesta inicial del Supremo generó un debate entre los actores involucrados, que mostraron posturas claramente opuestas:
- Oposición a acudir a Europa: La Abogacía del Estado defendió con firmeza la legalidad y validez del procedimiento aprobado por el Ejecutivo y rechazó trasladar la cuestión a la justicia europea.
- A favor de la consulta europea: Las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana y Aragón —que fueron las que impugnaron la regularización— respaldaron acudir al TJUE.
Tras valorar las argumentaciones presentadas, el Tribunal Supremo consideró que en esta etapa procesal «no es procedente» plantear la cuestión prejudicial.
Confirmación de la vigencia del Real Decreto
Además de descartar temporalmente la vía europea, el Tribunal Supremo rechazó la solicitud de la Comunidad Valenciana y Aragón para suspender provisionalmente la norma. Por consiguiente, el Real Decreto del 14 de abril permanece en vigor y el proceso de regularización continuará sin interrupciones mientras se resuelve el fondo del asunto en los tribunales españoles.
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