El PP solicita explicaciones inmediatas al Gobierno por mantener al fiscal general procesado

Este miércoles, el Partido Popular ha intensificado su presión institucional contra el Ejecutivo por su respaldo a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, tras la decisión del Tribunal Supremo de mantener su procesamiento por un presunto delito de revelación de secretos.

Considerando esta situación una «anomalía democrática sin precedentes», el PP ha iniciado una ofensiva en ambas cámaras parlamentarias para exigir responsabilidades políticas al Gobierno. El partido, liderado por Alberto Núñez Feijóo, sostiene que es insostenible que una persona procesada judicialmente siga al frente del organismo encargado de perseguir delitos.

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En el Congreso, el Grupo Popular ha presentado una solicitud dirigida a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, para convocar de manera urgente la Diputación Permanente con el fin de debatir y votar la comparecencia inmediata de Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en un pleno extraordinario.

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha calificado como una “auténtica vergüenza” el mantenimiento del apoyo del Ejecutivo a García Ortiz, y ha demandado explicaciones públicas acerca de los “motivos reales” que justifican este respaldo.

Simultáneamente, el PP ha registrado en el Senado una petición para que Bolaños comparezca ante la Comisión de Justicia de forma urgente. Alicia García, portavoz en la Cámara Alta, ha señalado que el partido busca que el ministro aclare la posición del Gobierno respecto al procesamiento impuesto por el Supremo al fiscal general.

La solicitud en el Senado incluye 18 preguntas parlamentarias en las que el PP cuestiona, entre otros puntos, si el Ejecutivo considera “sostenible” mantener a un fiscal general encausado, y si se contempla su cese o suspensión cautelar en caso de apertura de juicio oral. Además, interpela sobre si el Gobierno ha evaluado el perjuicio reputacional que esta situación puede causar a la Fiscalía General del Estado.

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