MADRID.– En una de las semanas más delicadas en el ámbito judicial para el partido, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se reunió con un objetivo definido: contener la presión exterior y evitar cualquier discusión interna. En este encuentro de la dirección socialista no se mencionó de forma explícita la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ni los recientes detalles sobre el denominado ‘caso Leire’, la supuesta trama relacionada con Leire Díez y el secretario de Organización, Santos Cerdán.
En lugar de ello, la dirección decidió tomar una postura estratégica de retirada, aprobando una norma interna que obliga a todos los integrantes de la dirección federal y de las estructuras territoriales a declarar y comunicar rigurosamente cualquier aumento de su patrimonio.
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Silencio interno frente al «calvario judicial»
A pesar de la creciente preocupación que reconocen en privado varios sectores del partido —donde algunos líderes expresaron críticas hacia los últimos sucesos, señalando que el expresidente «nos está involucrando a todos»—, la sesión oficial se desarrolló sin intervenciones que exigieran aclaraciones o promovieran un debate político profundo.
La dirección socialista busca así ganar tiempo y proteger al Gobierno de Pedro Sánchez frente a la ofensiva de la oposición, que califica la situación como un «calvario judicial». Recientemente, el escenario penal se ha complicado con la imputación de Zapatero por presunto contrabando y delito fiscal, tras encontrarse en su despacho joyas valoradas en 1,3 millones de euros; estas denuncias se suman a la investigación previa por presunto tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El expresidente ha solicitado formalmente aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional.
Gestión del impacto del ‘caso Leire’
Simultáneamente, Ferraz mantiene la estrategia de limitar las responsabilidades del ‘caso Leire’ —que se refiere a una presunta red para desprestigiar a jueces e instituciones del Estado— a Santos Cerdán (quien, según reportes de la UCO, habría autorizado gastos de viaje para Díez) y a la propia Leire Díez, a quien la secretaria de Organización, Rebeca Torró, calificó recientemente como «oportunista y resentida». Desde el partido insisten en desvincular institucionalmente estas conductas y aseguran que no existe relación contractual directa con Díez.
Nuevos requerimientos de control patrimonial
Para mitigar el impacto de estas investigaciones, el PSOE pretende tomar la iniciativa en cuanto a regeneración interna mediante la implantación de un nuevo control patrimonial para sus dirigentes. Aunque ya contaba con mecanismos para supervisar bienes, esta medida pretende aumentar la vigilancia sobre la evolución financiera personal de los líderes tanto nacionales como autonómicos, buscando transmitir un mensaje de transparencia en un momento en el que el foco mediático está centrado en los despachos de Ferraz.
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