Un nuevo informe de la Guardia Civil revela que el ex secretario de Organización del PSOE supervisaba los viajes de los involucrados y descubre facturas no declaradas por un importe de 53.000 euros. La dirección actual de Ferraz niega la existencia de una contabilidad paralela.
MADRID.– Un reciente informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en la posición central y de liderazgo de una presunta red interna. Según la investigación, esta estructura pretendía obtener información sensible y actuar para obstaculizar los procesos judiciales que afectaban tanto al Ejecutivo como al partido.
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El documento, remitido al juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, indica que Cerdán no solo estaba al tanto de las actividades, sino que supuestamente impartió «órdenes verbales directas» a su equipo en Ferraz para aprobar y financiar con recursos del partido los desplazamientos de los integrantes de la red, en particular de la exmilitante Leire Díez y del empresario Javier Pérez Dolset.
Facturas no declaradas y respuesta desde Ferraz
Uno de los hallazgos destacados por la UCO es la localización de dos facturas emitidas al PSOE por parte del abogado investigado Jacobo Teijelo por un total de 53.000 euros (26.500 euros cada una), fechadas en abril y mayo de 2025 bajo el concepto de «asesoría jurídica». Estos documentos, aportados por el propio letrado, no constan en la contabilidad oficial presentada por el partido tras el registro de su sede el pasado 27 de mayo.
Ante esta información, la actual secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, intervino en la Cadena SER para negar categóricamente la existencia de una contabilidad paralela dentro de la formación:
«Esas facturas nunca fueron pagadas. Se trataba de un servicio de asesoría jurídica ordenado por el anterior secretario de Organización y, cuando dejó el cargo, el contrato fue suspendido y no se realizaron pagos.» Al ser preguntada sobre si Cerdán podría haber gestionado recursos fuera del control oficial, Torró evitó confirmar dicha posibilidad: «Esa pregunta deben hacérsela a Santos Cerdán.»
Operaciones en Badajoz y las siglas «P. S.»
El informe policial analiza las agendas manuscritas incautadas a Cerdán y los cuadernos de Leire Díez, cuyas anotaciones muestran una acción coordinada destinada a desestabilizar procesos judiciales relevantes. Entre los objetivos principales figuraba la jueza Beatriz Biedma, encargada de investigar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en Badajoz.
Los agentes sospechan que la red intentó sin éxito que el hermano del jefe del Ejecutivo reemplazara a su abogado por el exmagistrado expulsado Luis Sáenz de Tejada, con el fin de provocar la recusación de la instructora. En los cuadernos de Díez aparecen notas como «ser abogado del hermano de P.S.» y «meter como acusación popular», mientras que en las libretas de Cerdán se encontró una anotación clara: «Badajoz → que fiscalía apoye el recusación».
Un «piso franco» en el corazón de Madrid
Las labores de seguimiento y las declaraciones testimoniales, entre ellas la del expresidente del Badajoz C.F., Joaquín Parra, permitieron a la UCO identificar una propiedad en la calle Diego de León de Madrid que los investigados denominaban como un «piso franco del PSOE».
Según la Guardia Civil, esta vivienda estaba arrendada por Vicente Fernández, expresidente de la SEPI y también investigado, quien pagó más de 39.000 euros por el alquiler. Los investigadores confirmaron que en este lugar se llevaron a cabo reuniones fundamentales relacionadas con la trama durante el segundo semestre de 2024, con la presencia física de Santos Cerdán en al menos dos ocasiones.
Intentos de acuerdo con el comisario Villarejo
La documentación intervenida muestra una rendición de cuentas constante de Leire Díez hacia Cerdán. Entre los papeles del exdirigente se halló un listado de incumplimientos de la trama con confidentes clave. El informe detalla que Díez ofreció al comisario jubilado José Manuel Villarejo negociar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para evitar su ingreso en prisión, a cambio de proporcionar «información comprometida sobre magistrados del Tribunal Supremo». Esta maniobra no prosperó debido a la negativa del fiscal responsable del caso a aceptar el trato.
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