El proceso se acerca a su conclusión con más de 549.000 solicitudes ingresadas. La obtención de certificados de antecedentes penales en el extranjero y la escasez de citas para la toma de huellas dificultan la incorporación efectiva al mercado laboral.
MADRID.– La regularización extraordinaria de personas migrantes en España está próxima a cerrar. Quedan apenas 15 días para que finalice el plazo, el próximo 30 de junio, hecho que está provocando largas filas en centros clave como La Farga de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y una creciente inquietud entre miles de solicitantes que temen quedar fuera por los cuellos de botella administrativos.
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Aunque organizaciones sociales y ONG valoran este proceso como un avance histórico en materia migratoria, la experiencia en el terreno refleja incertidumbre. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha llamado a mantener la calma, aconsejando presentar la solicitud antes de la fecha límite aun sin contar con toda la documentación requerida, permitiendo corregir posibles errores posteriormente.
Dificultades con los certificados de antecedentes penales
Una de las principales barreras identificadas en esta etapa afecta a nacionales de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry y Gambia. Para estas personas, obtener el certificado de antecedentes penales en su país, documento indispensable para el trámite, resulta prácticamente inviable.
Ante este obstáculo, la recomendación de las autoridades es que se formalice la solicitud de todas formas. En estos casos, se espera que el Gobierno español solicite dicha información de forma directa mediante los canales diplomáticos establecidos.
Datos sin actualización y demoras en los permisos
El Ejecutivo no ha publicado datos recientes sobre la evolución del proceso. El último informe oficial, del 21 de mayo, indicaba los siguientes números:
| Estado de la tramitación | Número de expedientes |
| Solicitudes totales registradas | 549.596 |
| Admitidas a trámite | 91.505 |
Mientras algunos despachos especializados, como Parainmigrantes.info, consideran que los plazos para tramitar los expedientes son razonables y celebran las primeras resoluciones, algunas plataformas vecinales denuncian criterios irregulares. Por ejemplo, Regularización Ya advierte que la promesa gubernamental de resolver las admisiones en un plazo máximo de 15 días supera los dos meses en numerosos casos.
Retrasos en la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE)
La aceptación a trámite otorga un permiso provisional de residencia y trabajo, pero la gestión administrativa dificulta el ejercicio efectivo de estos derechos. Los solicitantes sufren demoras significativas para obtener el número de la Seguridad Social y enfrentan un «bloqueo total» para conseguir cita en la policía y efectuar la toma de huellas necesaria para emitir la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE).
«Cada expediente detenido representa una vida en pausa», señala Bea Cantero, presidenta de la Asociación Mujeres Pa’lante, subrayando que la protección no termina el 30 de junio debido a la incertidumbre en torno a la renovación de estos permisos el próximo año.
Demandas políticas para extender el plazo
Ante la saturación del sistema, Regularización Ya ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso respaldada por Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG. La propuesta solicita al Gobierno cuatro medidas urgentes:
- Extensión del plazo: Ampliar la fecha límite para presentar solicitudes más allá del 30 de junio, opción que el Ministerio aún descarta.
- Automatización: Asignar automáticamente la cita para la toma de huellas cuando se apruebe la solicitud.
- Facilidades: Flexibilizar los requisitos para la legalización de documentos extranjeros.
- Suspensión de expulsiones: Detener temporalmente las deportaciones de quienes se encuentren en proceso de regularización.
Respecto a este último punto, apoyado también por el Defensor del Pueblo, fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a EFE que las fuerzas de seguridad ya aplican esta medida, siempre que los solicitantes no tengan antecedentes penales ni representen un riesgo para la seguridad o la salud pública.
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