Un juzgado de Madrid establece que las manifestaciones de la secretaria general de Podemos en la red social X resultaron «objetivamente injuriosas» y ordena su publicación en el perfil oficial de la política.
MADRID. — La secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, ha sido condenada por un tribunal de Madrid a abonar una indemnización de 9.000 euros al juez jubilado Manuel García-Castellón por vulnerar su derecho al honor al calificarle como «corrupto».
El fallo, emitido por el magistrado responsable del juzgado número 45 de la sección civil del tribunal de instancia madrileño, señala que las declaraciones publicadas por la líder morada en la red social X durante 2024 causaron al demandante «un perjuicio moral que debe ser resarcido». La cantidad fijada es considerablemente inferior a los 350.000 euros reclamados en la demanda. Además, Belarra deberá difundir el contenido íntegro de la sentencia en su cuenta oficial de dicha red social o en una plataforma equivalente.
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Dos mensajes en el centro del litigio
El conflicto legal comenzó en septiembre de 2024, coincidiendo con la jubilación del magistrado de la Audiencia Nacional. Conforme a la demanda, Belarra publicó dos mensajes en los que calificaba al juez como «uno de estos y otros magistrados corruptos que han actuado injustamente contra quienes defendemos una idea distinta de España», acusándolo asimismo de mantener una «operación judicial contra Podemos».
La diputada no se retractó y en un acto público reafirmó sus palabras asegurando que «lo que ha hecho para proteger al PP y perseguir a adversarios políticos de derecha es corrupción, con o sin condena». Durante el proceso, alegó que sus comentarios estaban amparados por la libertad de expresión y pidió ser absuelta, planteando que las costas judiciales fueran asumidas por el demandante.
Una acusación considerada «gravemente vejatoria»
La sentencia rechaza los argumentos defensivos y enfatiza que «las expresiones acreditadas resultan objetivamente injuriosas y gravemente ofensivas». El tribunal determina que las palabras de Belarra implican «la atribución directa al demandante de conducta delictiva y corrupción», lo cual representa «la imputación más grave que puede realizarse a cualquier ciudadano».
Asimismo, se destaca el efecto negativo en la carrera profesional del juez, recordando que imputar delitos de prevaricación o cohecho es «quizá la acusación más grave que puede recibir un magistrado». El fallo subraya que el Ministerio Fiscal apoyó la admisión de la demanda del magistrado jubilado.
Conflicto de competencias
Inicialmente, la demanda fue presentada ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por la condición de aforada de Belarra como diputada en las Cortes Generales. Sin embargo, el Supremo declinó su competencia al considerar que las expresiones denunciadas no fueron emitidas en el ejercicio estricto del cargo parlamentario.
El fallo judicial concluye reconociendo la tensión entre el derecho al honor y la libertad de expresión de «dos figuras públicas con amplia repercusión mediática», resolviendo en esta ocasión que la descalificación directa sobrepasó los límites constitucionalmente protegidos.
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