El comienzo de la fase definitiva del juicio relacionado con la «Operación Kitchen» ha situado nuevamente al expresidente Mariano Rajoy y a la antigua dirección del Partido Popular en el centro de la atención judicial y política. Tras varias semanas dedicadas a cuestiones preliminares y las primeras declaraciones de altos mandos de la policía, la Audiencia Nacional se prepara para recibir una de las declaraciones más esperadas: la de Rajoy, quien deberá aclarar su posible conocimiento sobre la presunta red de espionaje ilegal dirigida contra el extesorero Luis Bárcenas.
Una operación destinada a «proteger al PP»
La causa Kitchen indaga en la presunta utilización de fondos reservados y recursos del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 con el objetivo de recuperar documentos comprometedores en poder de Bárcenas, que pudieran vincular a altos miembros del PP con una contabilidad paralela en el partido.
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Entre los acusados en este caso figuran personas relevantes dentro del gobierno de Rajoy, sobresaliendo el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide una pena de 15 años de prisión, y su adjunto, el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.
Testimonios destacados
Aunque han sido citadas como testigos figuras como María Dolores de Cospedal y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la presión sobre Rajoy se ha incrementado tras las declaraciones de los agentes policiales implicados. El inspector jefe Gonzalo Fraga, responsable de la investigación de Asuntos Internos, confirmó ante el tribunal que las agendas del excomisario José Manuel Villarejo contenían indicaciones claras que apuntaban hacia los niveles más altos de la dirección nacional del PP.
La estrategia de negación de conocimiento
Los cargos que han declarado hasta ahora, como el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, han sostenido una postura uniforme: negar conocer la existencia de la operación o los pagos realizados al chófer de Bárcenas para que actuara como informante.
No obstante, las acusaciones populares, entre ellas PSOE y Podemos, mantienen que una maniobra de tal magnitud, que implicó a la cúpula policial y empleó fondos públicos, difícilmente pudo ejecutarse sin el conocimiento del entonces presidente del Gobierno. Con la declaración de Rajoy prevista en los próximos días, el juicio entra en una fase crucial que podría reavivar las heridas de uno de los periodos más complejos en materia de corrupción en España.
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