MADRID / CARACAS — La Audiencia Nacional de España ha conmocionado el ámbito político internacional al imputar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntamente dirigir una red internacional de tráfico de influencias. Después de casi una década vinculada a la política venezolana, la orden judicial del juez José Luis Calama expone la compleja red de intereses políticos y económicos que el político socialista estableció en Caracas en colaboración con el alto mando chavista.
El auto detalla cómo el expresidente español pasó de participar como observador electoral en diciembre de 2015 a convertirse en un auténtico «ministro de exteriores paralelo» del Palacio de Miraflores. Según la investigación, Zapatero creó una red de intermediarios que no solo ayudaba a legitimar políticamente el régimen de Nicolás Maduro, sino que facilitaba además lucrativos negocios privados.
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La “Boutique Financiera” y el elemento central del esquema
La pesquisa judicial se enfoca en la estructura financiera ligada al expresidente. El juez identifica una «boutique financiera» y destaca dos figuras principales:
- Manuel Fajardo: Referido en las grabaciones como “la pieza de ZP en Venezuela”. Fajardo, hijo de un senador socialista canario, era presentado por Zapatero como su “sobrino” a los diplomáticos. A través de él y con el apoyo del expresidente, se constituyó Interbanex, una plataforma cambiaria privada que recibió autorización del Banco Central de Venezuela, a pesar del estricto control de cambios vigente.
- Camilo Ibrahim Issa: Accionista de la controvertida aerolínea Plus Ultra. El auto incluye mensajes de Issa dirigidos a Julio Martínez, supuesto testaferro de Zapatero, en los que agradece la “asesoría y guía” del expresidente. Aunque Issa fue inicialmente vetado por la diplomacia española en Caracas, Zapatero logró su rehabilitación.
El dato: Informes de la Embajada española en Caracas y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ya habían alertado a La Moncloa de que los principales empresarios españoles consideraban que la vía más eficaz para cobrar deudas millonarias al Estado venezolano o negociar con el régimen (casos como Repsol o Air Europa) pasaba por el despacho de Zapatero.
De mediador a operador de la “Dama” y el proyecto para Delcy
El expediente judicial describe una relación cercana, con características de telenovela, donde los implicados se referían a Zapatero como “mi príncipe” y a Delcy Rodríguez como “la Dama”.
En el actual contexto político venezolano —con Nicolás Maduro detenido en Nueva York y un gobierno paralelo respaldado por Washington—, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, junto con Zapatero, han implementado un plan estratégico para posicionar a “la Dama” como presidenta interina. La función del expresidente español es clave: generar «confianza» institucional a nivel nacional e internacional.
Para fortalecer esta estrategia, Zapatero ha extendido su influencia hasta controlar nombramientos diplomáticos bilaterales. Según la investigación, impuso al falso opositor Timoteo Zambrano, su aliado desde 2015, como embajador venezolano en Madrid, tras influir previamente en la designación de Álvaro Albacete como embajador español en Caracas.
El cambio radical en la diplomacia española
El peso del lobby de Zapatero, junto con las presiones de una trama de corrupción interna (caso Ábalos/Koldo/Aldama) y la incorporación de Podemos al gobierno de coalición en 2020, provocó un giro total en la política exterior de Pedro Sánchez. El presidente español pasó de definir a Maduro como un «tirano» en 2019 a alinearse progresivamente con el Grupo de Puebla, un organismo promovido por Zapatero para coordinar a líderes de la izquierda latinoamericana mediante chats de WhatsApp.
A pesar de la contundencia de la orden judicial y de que Zapatero planeaba un viaje inmediato a Caracas para continuar apoyando el esquema de Delcy Rodríguez, el ministro actual de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, intervino con firmeza para minimizar el impacto: “La política española hacia Venezuela no cambiará en absoluto”, afirmó el canciller, desvinculando al Gobierno del precedente judicial de su antecesor.
Mientras la Audiencia Nacional sigue adelante con la desarticulación de esta presunta red transatlántica de corrupción, permanece en el terreno la defensa inquebrantable de Zapatero a la controvertida Ley de Amnistía venezolana, una norma que, a su juicio, es un «referente mundial» y que sin embargo mantiene encarcelados a más de 500 disidentes políticos, entre ellos al menos cinco ciudadanos españoles.
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