El Gobierno ha elevado su discurso respecto a la inmigración irregular tras la crisis ocurrida en Ceuta a finales de julio, ante la posibilidad de que se convoquen nuevos intentos de acceso a la ciudad el próximo 15 de agosto.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se dirigió directamente a quienes contemplen cruzar la frontera española de forma irregular: “Los que entren de manera irregular en Ceuta y Melilla deben saber que serán devueltos”.
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Albares también recomendó no confiar en informaciones difundidas en redes sociales o por organizaciones dedicadas al tráfico de personas que prometen condiciones favorables al cruzar la frontera.
“No arriesguen su vida, su dinero ni su futuro en una aventura destinada a fracasar”, puntualizó el ministro.
El Gobierno pone énfasis en las devoluciones
Estas palabras representan un endurecimiento en el mensaje que el Ejecutivo lanza al público en pleno manejo de las consecuencias de la entrada masiva ocurrida el 30 de julio.
Las autoridades gubernamentales calcularon que aproximadamente 80.000 personas cruzaron irregularmente hacia Ceuta, aunque la mayoría retornó después a Marruecos.
Las autoridades locales de Ceuta indican que aún permanecen miles de personas en la ciudad.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, estimó que quedan cerca de 10.000 y manifestó la necesidad de disminuir esa cifra para evitar que se mantenga la expectativa de que entrar irregularmente en Ceuta permite permanecer en España.
Los menores, una prioridad para el Gobierno
El mensaje gubernamental también incluye a los menores extranjeros no acompañados que arribaron durante la crisis.
Según Albares, una de las principales líneas de acción es facilitar que los menores que legalmente puedan hacerlo puedan volver con sus familias en Marruecos.
El ministro señaló que el objetivo es actuar sobre “todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Ceuta”.
No obstante, en el caso de los menores, cualquier retorno debe realizarse individualmente y con respeto a las garantías de protección infantil, asegurando que la reunificación familiar se haga en función del interés superior del menor.
Por lo tanto, no se trata de una devolución colectiva o automática.
Vivas valora el cambio de postura
El presidente de Ceuta valoró favorablemente la postura expresada por el Gobierno.
Vivas cree que permitir que los que entraron irregularmente sigan en la ciudad puede generar un mayor riesgo de que se repitan hechos similares.
“La mejor forma de evitarlo es que desaparezca la expectativa de que llegar a Ceuta garantiza lo que se busca”, afirmó.
El dirigente ha pedido al Estado más agentes policiales, refuerzos para Extranjería y medidas para restablecer la normalidad en las calles.
Europa participará en el refuerzo fronterizo
Albares aseguró que la Unión Europea está comprometida en responder a la situación en Ceuta y Melilla.
Por el momento no se han detallado públicamente todas las acciones que podrían implementarse.
Vivas considera que dichos apoyos deben enfocarse tanto en personal como en infraestructuras de frontera.
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UNIRME GRATIS AL CANALAdemás del refuerzo de policías, guardias civiles y militares, se trabaja en una barrera marítima de unos 500 metros cerca del Tarajal.
Ahora la atención se centra en el 15 de agosto, fecha para la que circulan en redes sociales convocatorias para intentar ingresar nuevamente.
Estas llamadas no implican necesariamente otro ingreso masivo, aunque las autoridades han reforzado la vigilancia como precaución.
Italia y Dinamarca reclaman mayor firmeza a Europa
La crisis en Ceuta también ha reavivado las discrepancias en la Unión Europea sobre el manejo de la inmigración irregular.
Las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, promovieron esta semana políticas más estrictas y solicitaron la creación de centros de retorno en países terceros.
Las líderes relacionaron la inmigración irregular sin control con la presión sobre servicios públicos, la seguridad y la confianza ciudadana.
Estas posiciones reflejan las posturas políticas de sus gobiernos y no implican una relación automática entre inmigración y criminalidad.
Los centros de retorno dividen a España y otros países europeos
Italia y Dinamarca defienden que los migrantes con orden de expulsión puedan ser trasladados a instalaciones fuera de la UE.
Italia ya ha promovido un sistema así en Albania, pero su implementación ha tenido importantes obstáculos legales y sigue pendiente de decisiones comunitarias.
El debate se intensificó tras la aprobación por el Parlamento Europeo del Reglamento de Retornos, que facilita las devoluciones y permite acuerdos con terceros países bajo ciertas condiciones.
España, en cambio, ha expresado reservas sobre estos centros y pone en duda que algunos modelos respeten plenamente las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Albares critica la “desinformación”
A pesar de endurecer el discurso migratorio, Albares denunció el uso político de la crisis.
El ministro señaló la existencia de “confrontación y desinformación” y acusó a sectores de la llamada “internacional reaccionaria” de aprovechar la situación en Ceuta con fines políticos e ideológicos.
Este mensaje surge en un contexto de tensión con Italia.
Roma mantiene controles a viajeros desde España tras la crisis ceutí, y España ha respondido con medidas similares.
Ceuta se posiciona como uno de los principales debates en Europa
La magnitud de la crisis provocó una reunión extraordinaria de los ministros de Interior de la UE.
España ha defendido ante sus socios que trabaja para controlar las entradas ilegales, mientras otros Estados solicitan mayores garantías para evitar movimientos secundarios hacia otros países europeos.
El Gobierno asegura haber logrado un compromiso europeo para incrementar el apoyo en la protección de las fronteras de Ceuta y Melilla.
En este contexto, el Ejecutivo español combina dos mensajes: demanda cooperación europea y rechaza ciertos modelos de externalización migratoria, pero al mismo tiempo endurece su postura sobre las entradas irregulares y promete intensificar los retornos legales.
La evolución de la situación en Ceuta y la convocatoria para el 15 de agosto marcarán si este cambio discursivo se traduce en nuevas acciones operativas en la frontera.
