La vicepresidenta segunda solicita la extensión de las medidas energéticas y demanda incluir límites al alquiler y a las hipotecas para mitigar el impacto de la crisis en Oriente Próximo.
MADRID – La vicepresidenta segunda del Gobierno y máxima representante de Sumar, Yolanda Díaz, ha iniciado este lunes una acción política dirigida a su socio en la coalición, el PSOE, para exigir la pronta aprobación de un nuevo paquete de medidas anticrisis. Esta petición coincide con la expiración, el 1 de junio, de las reducciones fiscales sobre el IVA aplicado a la electricidad y al gas, en un escenario económico aún afectado por el conflicto en Oriente Próximo, que comenzó en febrero tras un ataque por parte de Estados Unidos en Irán.
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En una intervención en el Congreso de los Diputados, Díaz señaló que, pese a que el tema ha perdido atención en los medios, las repercusiones económicas derivadas de la inestabilidad internacional continúan afectando directamente la economía familiar.
“Hoy finalizan las rebajas en el IVA para la electricidad y el gas. No obstante, aunque haya menos titulares, el conflicto en Oriente Próximo mantiene su impacto en los ingresos de las familias”, enfatizó la ministra de Trabajo.
Diferencia entre la subida de precios y los salarios
Para justificar la intervención del Estado, la dirigente de Sumar enfocó la atención en los últimos datos macroeconómicos, alertando sobre una pérdida latente del poder adquisitivo:
- Inflación al alza: El Índice de Precios de Consumo (IPC) se encuentra actualmente en el 3,2%. Aunque está por debajo de los niveles máximos registrados tras la invasión de Ucrania, sigue presionando la economía doméstica.
- Aumento salarial insuficiente: Los incrementos en los salarios negociados en los convenios colectivos promedian un 2,9%, inferior al crecimiento de los precios.
La vivienda, punto clave para Sumar
Aparte de renovar las medidas energéticas que concluyen hoy, Díaz condiciona el contenido del nuevo decreto a la incorporación de medidas estructurales relacionadas con la vivienda, un tema que ha generado discrepancias dentro del Ejecutivo y con los aliados parlamentarios.
“Es necesaria la aprobación urgente de un nuevo decreto (…) que restaure las medidas caídas y sobre todo que incluya las iniciativas en materia de vivienda fundamentales para que el coste del alquiler o la hipoteca no absorban las mejoras salariales que se están alcanzando”, expresó con determinación.
El desafío de la configuración parlamentaria
La solicitud de Sumar se produce en un contexto de fragilidad legislativa para el bloque de investidura en este ámbito. El decreto previo para prorrogar contratos de alquiler —que se procesó separado de la mayoría de ayudas económicas— fue rechazado en el Congreso debido al voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts, y a la abstención estratégica del PNV.
Con esta medida, Díaz intenta aumentar la presión sobre la facción socialista del Gobierno para conseguir un nuevo acuerdo que no solo reactive el escudo social, sino que también obligue a la oposición y a los socios conservadores a tomar una postura en el Congreso de los Diputados.
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