MÉRIDA. — Este lunes, el tribunal de la Audiencia de Badajoz analizará las cuestiones previas presentadas en el juicio relacionado con el proceso de contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Los jueces José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano evaluarán si admiten o deniegan las peticiones de las defensas, que buscan la nulidad de la investigación y la prescripción de algunos hechos delictivos.
En el banquillo se encuentran David Sánchez, el ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas vinculadas a la institución provincial. Todos enfrentan cargos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía y las acusaciones piden tres años de prisión tanto para Sánchez como para Gallardo.
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La controversia entre «investigación prospectiva» y «cristalización progresiva»
Las defensas fundamentan sus solicitudes de nulidad alegando que la causa penal consiste en una «investigación prospectiva», es decir, una búsqueda de delitos sin indicios previos claros. Argumentan que la denuncia inicial, presentada por el sindicato Manos Limpias en junio de 2024, basada en un seguimiento del patrimonio de David Sánchez y un supuesto absentismo laboral, se apoyaba únicamente en «recortes de prensa».
Por su parte, el Ministerio Fiscal y las acusaciones descartan esta visión y defienden la validez del procedimiento amparándose en el concepto jurídico de «cristalización progresiva», que indica que la investigación fue encontrando indicios válidos de forma legítima conforme avanzaba el proceso.
Entre las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas por los abogados defensores se encuentran:
- Derecho a la intimidad: Critican la revisión masiva de miles de mensajes de e-mails durante la instrucción.
- Tutela judicial efectiva: Alegan que se investigaron hechos ajenos al objeto real de este juicio.
- Falta de interrogatorio: La defensa de Miguel Ángel Gallardo señala que nunca fue interrogado sobre la contratación de Luis Carrero, amigo de David Sánchez e igualmente investigado.
Además, las defensas sostienen que el supuesto «absentismo laboral» de David Sánchez no constituye un delito penal y que la posible aceptación de un nombramiento ilegal habría prescrito.
Las acusaciones públicas afirman que el puesto fue creado específicamente para él
Las acusaciones populares no presentaron cuestiones previas al inicio del juicio. Mantienen que David Sánchez estaba plenamente consciente de que el cargo de coordinador de actividades transfronterizas «se creó para él», y sostienen que las entrevistas a los demás aspirantes en la convocatoria pública fueron solo una formalidad.
El calendario de declaraciones acaba reservando los testimonios más relevantes para el final: David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo comparecerán en último lugar, tras los otros nueve acusados y los 42 testigos citados.
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