El magistrado de la Audiencia Nacional acepta un recurso presentado por Pablo Iglesias y cita a declarar el 25 de junio al excomisario José Manuel García Catalán y a otra agente policial.
MADRID. – Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha acusado formalmente al comisario jubilado José Manuel García Catalán, quien fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, junto con otra funcionaria, dentro de la investigación sobre supuestas maniobras y pesquisas ilegales efectuadas contra dirigentes de Podemos entre 2015 y 2016, durante el Gobierno del Partido Popular.
Según un auto judicial difundido por eldiario.es y al que accedió la Agencia EFE, el juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha aceptado el recurso interpuesto por Pablo Iglesias, exlíder de Podemos y parte interesada en la causa. Con esta resolución, se revoca la negativa inicial y se ordena la declaración de ambos funcionarios para el jueves 25 de junio a las 10:15 horas.
Indagación sobre una «guerra sucia» sin autorización judicial
Las diligencias impulsadas por el juez Pedraz buscan determinar si, bajo la gestión de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los mandos policiales llevaron a cabo investigaciones prospectivas irregulares y sin respaldo judicial con la intención de perjudicar política y penalmente a los diputados fundadores de Podemos.
El proceso se inició tras una querella presentada por Podemos, que denuncia posibles delitos de organización criminal, apropiación y revelación ilícita de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.
La visita a Nueva York como uno de los focos de sospecha
García Catalán, quien dirigió anteriormente la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción antes de liderar la UDEF, es un personaje clave por su posible implicación en los intentos de incriminar a Podemos. La investigación señala que en abril de 2016 viajó a Nueva York con el supuesto propósito de obtener testimonios comprometidos de un exministro del Gobierno venezolano durante la era de Hugo Chávez, con la intención de construir una acusación por delitos fiscales y financiación irregular contra los fundadores del partido.
A pesar de que inicialmente el juez se negó a ampliar las imputaciones hacia este funcionario, el recurso presentado por Pablo Iglesias, respaldado posteriormente por el Ministerio Fiscal, llevó a la revocación de esa decisión, estableciendo que debe comparecer como investigado para esclarecer lo ocurrido.
Esta resolución coincide temporalmente con las sesiones en la Audiencia Nacional relacionadas con el «caso Kitchen», que investiga el supuesto uso de estructuras parapoliciales con fines partidistas en la misma etapa gubernamental.
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