El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una multa de un millón de euros a Avis, empresa dedicada al alquiler de vehículos, por cobrar a sus clientes una comisión que oscilaba entre 33,88 y 45 euros cuando recibían una sanción de tráfico durante el alquiler. Consumo considera que este cobro es abusivo debido a que la identificación del conductor infractor frente a la Administración es una responsabilidad legal de la empresa.
La sanción se ha aplicado en su grado máximo al clasificarse la infracción como muy grave. La resolución señala que Avis repercutía al cliente el coste de una gestión que debía realizar de manera obligatoria como titular del vehículo, generando así una carga económica excesiva para el consumidor.
Esta práctica afectaba a los usuarios que eran multados mientras conducían vehículos de alquiler de Avis. La empresa cobraba una tasa administrativa relacionada con la gestión de la multa y la comunicación de los datos del conductor responsable.
Entre 33,88 y 45 euros por cada sanción
De acuerdo con la resolución de Consumo, la empresa cobraba importes comprendidos entre 33,88 y 45 euros por llevar a cabo los trámites necesarios para identificar a la persona que conducía el vehículo en el momento de la infracción.
El Ministerio recuerda que el artículo 11 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que el titular del vehículo debe identificar al conductor responsable cuando la Administración lo solicite.
En el caso de las compañías de alquiler, esta obligación se cumple proporcionando los datos del arrendatario o entregando el contrato correspondiente. Consumo concluye que la compañía no puede transformar el cumplimiento de esta obligación legal en un servicio adicional que facture al cliente.
Consumo considera abusiva la cláusula
La resolución determina que esta actuación infringe varios artículos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios relacionados con cláusulas abusivas.
Según el Ministerio, el recargo obligaba al consumidor a sufragar una gestión que corresponde legalmente a la empresa y alteraba el equilibrio contractual en perjuicio del cliente.
La gravedad del caso se incrementa dado que esta cláusula ha sido cuestionada judicialmente en ocasiones anteriores.
Un juzgado ya declaró ilegal esta práctica en 2020
En una sentencia del 22 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz ya calificó esta cláusula como abusiva.
Dicha resolución anuló varias condiciones generales de Avis, incluyendo la comisión por la gestión de multas, y obligó a la empresa a suprimirlas de los contratos, abstenerse de aplicarlas a los clientes y no volver a incorporarlas.
Consumo señala que la continuidad de una práctica declarada ilícita constituye un agravante que justifica calificar la infracción como muy grave.
La denuncia partió de una asociación de consumidores
El proceso sancionador empezó tras una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV.
En octubre de 2024, esta organización denunció que Avis y otras empresas del sector habían reintroducido en sus contratos ciertas comisiones que previamente eran consideradas abusivas por resoluciones judiciales.
La asociación decidió acudir a Consumo luego de recibir quejas de usuarios afectados por estos cargos.
Avis todavía puede recurrir ante los tribunales
La multa de un millón de euros agota la vía administrativa, por lo que el procedimiento en el ámbito administrativo se considera finalizado.
No obstante, Avis conserva la posibilidad de presentar recurso ante la justicia si decide impugnar la resolución del Ministerio.
Esta decisión se produce en plena temporada vacacional, uno de los períodos de mayor actividad para las empresas de alquiler de vehículos en España, y vuelve a centrar la atención en las condiciones y comisiones adicionales de este tipo de contratos.
Para Consumo, la clave reside en que una empresa no puede trasladar a los clientes el coste de cumplir una obligación legal que la legislación le impone como titular del vehículo.
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