El Supremo analiza métodos para notificar e incluir como afectados a los nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática después de suspender temporalmente su derecho a voto en el CERA.
MADRID. — La convocatoria anticipada de elecciones generales ha puesto al Tribunal Supremo frente a un desafío procedimental y constitucional. Tras ordenar la suspensión provisional del derecho al voto para miles de personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la llamada ‘ley de nietos’ (Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática), el Alto Tribunal investiga ahora mecanismos legales para notificar colectivamente a los afectados. La finalidad es que puedan intervenir en el proceso judicial que impide su sufragio en las próximas votaciones.
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Esta medida cautelar se adoptó tras los recursos presentados contra las directrices de la Instrucción de la Dirección General de Fe Pública que regulaban estas inscripciones. Impide la inscripción automática en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los nuevos nacionalizados, excepto si acreditan explícitamente que sus padres o abuelos fueron exiliados.
La complejidad de notificar a un grupo numeroso en el extranjero
La Sala Tercera del Tribunal Supremo enfrenta un reto logístico a nivel internacional. Dado que la suspensión afecta a miles de personas que residen en numerosos países —principalmente en América Latina—, realizar notificaciones individuales resulta impracticable dentro de los tiempos judiciales y electorales. Por ello, los magistrados consideran opciones para efectuar una notificación edictal masiva y coordinada mediante la red consular española en el extranjero.
Con esta estrategia, el Tribunal pretende asegurar la protección judicial adecuada y el derecho de defensa de quienes se ven afectados, facilitando que puedan presentar argumentos antes de que se resuelvan los recursos pendientes, entre los que se encuentra el interpuesto por la Abogacía del Estado.
Importancia del voto exterior en el escenario político
La decisión definitiva del Supremo sobre el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado marcará la composición final del censo electoral. Mientras el Tribunal analiza el fondo del asunto, la suspensión provisional excluye temporalmente del proceso electoral a una cantidad significativa de nuevos votantes en el exterior.
Desde los partidos políticos, esta medida cautelar se sigue con especial interés. La inclusión o exclusión de decenas de miles de sufragios en la circunscripción del CERA puede influir en la asignación de escaños determinantes en diversas provincias, en unas elecciones previstas con una ajustada competencia entre bloques.
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