Este año, la lucha contra la violencia de género en Ceuta contará con un respaldo económico relevante. Según ha comunicado la Secretaría de Estado de Igualdad en el BOE y ha difundido El Faro de Ceuta, la ciudad autónoma recibirá un total de 1,86 millones de euros provenientes de los fondos del Pacto de Estado para el ejercicio 2026.
Dicha asignación forma parte de una distribución estatal de 160 millones de euros que atiende a las características específicas de cada territorio. En el caso de Ceuta, su condición como ciudad fronteriza ha sido determinante para disponer de una partida adaptada a sus particularidades demográficas y sociales.
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Un programa contra las formas emergentes de violencia
Los recursos para este año no solo mantienen las atenciones habituales, sino que también responden a la actualización del Pacto de Estado aprobada en 2025. Esto permitirá a la Ciudad Autónoma ampliar su ámbito de actuación hacia tipos de violencia que hasta ahora estaban menos visibilizados:
- Violencia digital y económica: Destinación de medios para combatir el acoso en plataformas digitales y el control financiero.
- Violencia vicaria: Incremento de medidas para proteger a los menores usados como instrumento para menoscabar a las madres.
- Atención integral: Fortalecimiento de la asistencia psicológica, asesoría legal y campañas de concienciación.
Solidez financiera y supervisión del gasto
Una ventaja significativa de este acuerdo es la estabilidad. Al asegurarse una financiación anual durante los próximos cinco años, Ceuta podrá diseñar políticas de igualdad con una visión a medio plazo, evitando la incertidumbre provocada por recortes anuales.
El desembolso de fondos se realizará de manera trimestral y posee un carácter finalista. Así, la administración local estará obligada a entregar un informe detallado antes del 31 de marzo de 2027, que acredite que cada euro ha sido destinado exclusivamente a programas de prevención, detección precoz e integración sociolaboral de las víctimas.
Con este refuerzo institucional, Ceuta se sitúa como un actor esencial en la estrategia estatal para fomentar una sociedad más segura e igualitaria, adaptando los recursos a las necesidades de las mujeres en situación vulnerable en la ciudad.
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