El Gobierno ha dado a conocer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un segundo decreto dirigido a aliviar la crisis habitacional en España. Este decreto, que será sometido a votación en el Congreso de los Diputados en las próximas 24 horas, contempla la posibilidad de ampliar los contratos de alquiler hasta por siete años.
De acuerdo con la normativa, los arrendadores deberán comunicar con un mínimo de seis meses de anticipación su decisión de no prorrogar el contrato una vez que el inquilino haya cumplido cinco años de alquiler. De esta forma, un contrato firmado a comienzos de 2026 podría continuar vigente hasta 2031, siempre que el arrendatario cumpla con sus obligaciones de pago.
Asimismo, el decreto estipula que si el arrendador opta por no renovar el contrato, debe compensar al inquilino con al menos doce mensualidades del alquiler de una vivienda similar. Esta disposición tiene como fin brindar protección a los inquilinos al término del contrato.
No obstante, este decreto recibe críticas políticas. Junts ha declarado que no respaldará la medida, alegando que impone cargas financieras a la Generalitat, como el pago en dos meses de las deudas de inquilinos en situación vulnerable, lo que consideran una imposición desde Madrid.
La ausencia de apoyo por parte de Junts, en conjunto con la distribución actual de escaños en el Parlamento, podría resultar en el rechazo del Ejecutivo en la votación prevista para el viernes, dejando las disposiciones sin vigencia. La postura final dependerá del voto de los siete diputados de Junts en el Congreso.
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