La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha escuchado este jueves como testigos al exjefe de gabinete del anterior delegado del Gobierno en Ceuta y al responsable de la Policía Local, en relación con la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos.
La investigación sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio sigue avanzando en la Audiencia Nacional. Este jueves, la jueza María Tardón ha citado a declarar como testigos a Gonzalo Sanz, que fue jefe de gabinete del exdelegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano, y al responsable de la Policía Local de Ceuta.
La comparecencia de Sanz se produce tras su renuncia al cargo, acontecida después de que se conociera que había recibido mensajes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) vía WhatsApp, y que mantuvo una llamada telefónica de aproximadamente once minutos con un agente del servicio de inteligencia un día antes de los hechos investigados.
Además, esta declaración coincide con la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano como delegado del Gobierno en Ceuta, que se anunció a comienzos de esta semana. En la rueda de prensa donde explicó su renuncia, Triano afirmó que había alertado al Ejecutivo “semanas antes” de la llegada de migrantes a territorio ceutí.
Hasta ahora, el exdelegado del Gobierno no ha sido convocado para declarar en esta causa.
Las declaraciones de este jueves se realizan un día después de la comparecencia ante la jueza del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El dirigente ceutí testificó durante más de dos horas, mencionando que intentó contactar hasta en diez ocasiones con la Presidencia del Gobierno en los días previos a la llegada masiva.
Según fuentes judiciales citadas por Europa Press, Vivas indicó a la jueza que desde Moncloa se habría restado importancia a la situación, considerándola simplemente una crisis migratoria más.
Durante su declaración, el presidente de Ceuta también señaló que sostuvo una reunión con el entonces delegado del Gobierno, a quien solicitó un aumento en el número de agentes de seguridad y que el Ejecutivo tomara el mando único en la gestión de la crisis.
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