La visita reciente de la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación a Ceuta causó descontento entre los profesionales del sector. Durante tres jornadas, mantuvo encuentros con la Dirección Provincial, algunos equipos directivos, docentes de Formación Profesional Básica y representantes del sector empresarial. Sin embargo, su agenda excluyó la participación de los sindicatos, lo que provocó malestar en el ámbito educativo.
El mensaje institucional transmitido fue que se está trabajando para conseguir una Formación Profesional «ágil, flexible, dinámica, adaptada al modelo productivo y accesible para toda la ciudadanía». Esta afirmación, según denuncian representantes educativos locales, resulta genérica y aplicable a cualquier lugar, y muestra una carencia de compromisos efectivos para mejorar la situación de la Formación Profesional en Ceuta.
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Un asunto crucial que no se trató durante la visita fue el futuro de la denominada “Ciudad de la FP”, un proyecto destacado en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta aprobado en 2022. Desde entonces, no se ha avanzado en su desarrollo ni se ha comunicado oficialmente su cancelación, lo que constituye una grave omisión dada la importancia política del proyecto.
Tampoco se ofrecieron explicaciones claras respecto al estado del Centro Integrado de FP nº 1, que después de cuatro años en funcionamiento carece aún de reglamento interno y plantilla oficial. Esta situación limita la capacidad del centro para aplicar la normativa vigente y lo sitúa prácticamente como un instituto común que solo ofrece ciclos formativos, contrario al modelo legal previsto para este tipo de centros.
La secretaria general disminuyó la relevancia de los centros integrados y propuso fortalecer la Formación Profesional en institutos de secundaria, una postura interpretada por algunos como un paso hacia la privatización del sistema educativo. Críticos consideran que esta visión prioriza criterios económicos por encima de la calidad educativa, perjudicando especialmente a las familias con menos recursos.
La implantación de la Formación Profesional Dual en Ceuta es otro aspecto problemático. Se ha desarrollado con recursos limitados y sin apoyo institucional, dependiendo fundamentalmente del esfuerzo de los docentes. Las faltas en la reglamentación, especialmente en la acreditación de tutores en empresas, han obligado a improvisar y superar obstáculos legales sin respaldo oficial.
Además, se ha retrasado la implementación de los Certificados de Profesionalidad, cuyo plazo legal concluyó en enero sin que se haya comenzado su impartición en Ceuta. Tras una instrucción confusa e insuficiente, la administración decidió posponer su inicio al siguiente curso sin resolver las deficiencias iniciales.
Quizás la situación más crítica sea la paralización del proceso de acreditación de competencias profesionales, del cual dependen más de 300 ceutíes que llevan dos años esperando una resolución. La ausencia de una normativa específica que regule este proceso, incluyendo las remuneraciones de los evaluadores, ha bloqueado esta vía para avanzar profesionalmente. Este problema podría solucionarse fácilmente tomando como referencia las normativas ya vigentes en las 17 comunidades autónomas.
Mientras tanto, desde el Ministerio se asegura que se trabaja por una Formación Profesional moderna, inclusiva y eficaz. No obstante, en Ceuta la realidad está lejos de ese discurso. La comunidad educativa demanda menos mensajes genéricos y más acciones concretas. La FP en Ceuta requiere actuaciones precisas y urgentes, no solo visitas institucionales.
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