La propuesta impulsada por Sumar supera la Cámara Baja con el respaldo del bloque de la investidura y la abstención del PP, mientras los socios del Gobierno cuestionan el giro de Sánchez respecto al Sáhara.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la proposición de ley destinada a conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración colonial previa a 1977. El texto continuará su trámite en el Senado. Esta iniciativa, promovida por Sumar, recibió los votos a favor de los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios habituales, mientras que el Partido Popular se abstuvo, quedando Vox como único grupo que rechazó abiertamente la medida.
Aunque la coalición de gobierno logró el respaldo parlamentario, el debate evidenció profundas diferencias entre los socios del Ejecutivo en relación con la política exterior del presidente Pedro Sánchez hacia el Magreb. Partidos como EH Bildu, ERC, PNV y Podemos criticaron severamente la postura de Moncloa frente a Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta, desaprobando el cambio diplomático realizado en 2022 sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Por su parte, el diputado Pedro Muñoz, del PP, explicó la abstención por desacuerdos técnicos vinculados al procedimiento de concesión por carta de naturaleza, y acusó al Gobierno de abandonar la tradicional «neutralidad activa» mediante acuerdos unilaterales con Rabat.
En términos prácticos, la ley autorizará la obtención de la nacionalidad mediante carta de naturaleza para los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, previa presentación de documentación que lo acredite, y extenderá la opción a sus descendientes directos en un plazo máximo de cinco años. Además, para el resto de la población saharaui se reducirá el tiempo de residencia legal en España necesario para solicitar la nacionalidad por la vía habitual a solo dos años. Quienes impulsan el texto calculan que alrededor de 100.000 personas, distribuidas entre los territorios saharauis y los campamentos de refugiados en Argelia, podrían beneficiarse con esta regulación.
La aprobación llega en un momento de gran tensión diplomática, influenciada por los acontecimientos fronterizos en la ciudad autónoma de Ceuta. Si bien la norma ofrece una vía de protección consular a la población saharaui frente a las autoridades marroquíes, analistas políticos consideran que contribuirá a reducir las tensiones al facilitar el traslado legal de los solicitantes hacia territorio europeo, reconfigurando las relaciones jurídicas en la región, a la espera de la ratificación definitiva en el Senado.
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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la proposición de ley destinada a conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración colonial previa a 1977. El texto continuará su trámite en el Senado. Esta iniciativa, promovida por Sumar, recibió los votos a favor de los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios habituales, mientras que el Partido Popular se abstuvo, quedando Vox como único grupo que rechazó abiertamente la medida.
Aunque la coalición de gobierno logró el respaldo parlamentario, el debate evidenció profundas diferencias entre los socios del Ejecutivo en relación con la política exterior del presidente Pedro Sánchez hacia el Magreb. Partidos como EH Bildu, ERC, PNV y Podemos criticaron severamente la postura de Moncloa frente a Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta, desaprobando el cambio diplomático realizado en 2022 sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Por su parte, el diputado Pedro Muñoz, del PP, explicó la abstención por desacuerdos técnicos vinculados al procedimiento de concesión por carta de naturaleza, y acusó al Gobierno de abandonar la tradicional «neutralidad activa» mediante acuerdos unilaterales con Rabat.
En términos prácticos, la ley autorizará la obtención de la nacionalidad mediante carta de naturaleza para los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, previa presentación de documentación que lo acredite, y extenderá la opción a sus descendientes directos en un plazo máximo de cinco años. Además, para el resto de la población saharaui se reducirá el tiempo de residencia legal en España necesario para solicitar la nacionalidad por la vía habitual a solo dos años. Quienes impulsan el texto calculan que alrededor de 100.000 personas, distribuidas entre los territorios saharauis y los campamentos de refugiados en Argelia, podrían beneficiarse con esta regulación.
La aprobación llega en un momento de gran tensión diplomática, influenciada por los acontecimientos fronterizos en la ciudad autónoma de Ceuta. Si bien la norma ofrece una vía de protección consular a la población saharaui frente a las autoridades marroquíes, analistas políticos consideran que contribuirá a reducir las tensiones al facilitar el traslado legal de los solicitantes hacia territorio europeo, reconfigurando las relaciones jurídicas en la región, a la espera de la ratificación definitiva en el Senado.
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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la proposición de ley destinada a conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la administración colonial previa a 1977. El texto continuará su trámite en el Senado. Esta iniciativa, promovida por Sumar, recibió los votos a favor de los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios habituales, mientras que el Partido Popular se abstuvo, quedando Vox como único grupo que rechazó abiertamente la medida.
Aunque la coalición de gobierno logró el respaldo parlamentario, el debate evidenció profundas diferencias entre los socios del Ejecutivo en relación con la política exterior del presidente Pedro Sánchez hacia el Magreb. Partidos como EH Bildu, ERC, PNV y Podemos criticaron severamente la postura de Moncloa frente a Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta, desaprobando el cambio diplomático realizado en 2022 sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Por su parte, el diputado Pedro Muñoz, del PP, explicó la abstención por desacuerdos técnicos vinculados al procedimiento de concesión por carta de naturaleza, y acusó al Gobierno de abandonar la tradicional «neutralidad activa» mediante acuerdos unilaterales con Rabat.
En términos prácticos, la ley autorizará la obtención de la nacionalidad mediante carta de naturaleza para los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, previa presentación de documentación que lo acredite, y extenderá la opción a sus descendientes directos en un plazo máximo de cinco años. Además, para el resto de la población saharaui se reducirá el tiempo de residencia legal en España necesario para solicitar la nacionalidad por la vía habitual a solo dos años. Quienes impulsan el texto calculan que alrededor de 100.000 personas, distribuidas entre los territorios saharauis y los campamentos de refugiados en Argelia, podrían beneficiarse con esta regulación.
La aprobación llega en un momento de gran tensión diplomática, influenciada por los acontecimientos fronterizos en la ciudad autónoma de Ceuta. Si bien la norma ofrece una vía de protección consular a la población saharaui frente a las autoridades marroquíes, analistas políticos consideran que contribuirá a reducir las tensiones al facilitar el traslado legal de los solicitantes hacia territorio europeo, reconfigurando las relaciones jurídicas en la región, a la espera de la ratificación definitiva en el Senado.
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Aunque la coalición de gobierno logró el respaldo parlamentario, el debate evidenció profundas diferencias entre los socios del Ejecutivo en relación con la política exterior del presidente Pedro Sánchez hacia el Magreb. Partidos como EH Bildu, ERC, PNV y Podemos criticaron severamente la postura de Moncloa frente a Marruecos tras la crisis migratoria en Ceuta, desaprobando el cambio diplomático realizado en 2022 sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Por su parte, el diputado Pedro Muñoz, del PP, explicó la abstención por desacuerdos técnicos vinculados al procedimiento de concesión por carta de naturaleza, y acusó al Gobierno de abandonar la tradicional «neutralidad activa» mediante acuerdos unilaterales con Rabat.
En términos prácticos, la ley autorizará la obtención de la nacionalidad mediante carta de naturaleza para los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, previa presentación de documentación que lo acredite, y extenderá la opción a sus descendientes directos en un plazo máximo de cinco años. Además, para el resto de la población saharaui se reducirá el tiempo de residencia legal en España necesario para solicitar la nacionalidad por la vía habitual a solo dos años. Quienes impulsan el texto calculan que alrededor de 100.000 personas, distribuidas entre los territorios saharauis y los campamentos de refugiados en Argelia, podrían beneficiarse con esta regulación.
La aprobación llega en un momento de gran tensión diplomática, influenciada por los acontecimientos fronterizos en la ciudad autónoma de Ceuta. Si bien la norma ofrece una vía de protección consular a la población saharaui frente a las autoridades marroquíes, analistas políticos consideran que contribuirá a reducir las tensiones al facilitar el traslado legal de los solicitantes hacia territorio europeo, reconfigurando las relaciones jurídicas en la región, a la espera de la ratificación definitiva en el Senado.
