JUCIL y AUGC solicitan proteger la cadena de custodia de los expedientes judiciales y demandan garantías ante la adquisición de esta herramienta digital.
Las principales asociaciones de la Guardia Civil han manifestado su preocupación ante la Dirección General del cuerpo tras conocer la gestión de un expediente para introducir un software que permite la eliminación segura e irreversible de archivos digitales. Representantes de colectivos como JUCIL y AUGC han señalado que la activación de este sistema de sobreescritura podría «afectar gravemente procedimientos judiciales y penales abiertos», además de investigaciones internas o requerimientos de la Fiscalía y los tribunales.
La controversia vinculada a esta contratación coincide en el tiempo con la instrucción iniciada en la Audiencia Nacional respecto al conocido ‘caso Leire Díez’, un proceso abierto por el magistrado Santiago Pedraz que investiga supuestas presiones a agentes y en el que están imputados la directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Asimismo, el expediente se tramita al mismo tiempo que las investigaciones judiciales dirigidas por la jueza María Tardón sobre la crisis migratoria en Ceuta, proceso que ha requerido una amplia documentación al instituto armado.
El secretario general de JUCIL, Ángel Ignacio Lezcano, ha pedido que se establezcan mecanismos legales y salvaguardas para «proteger cualquier prueba» relacionada con grandes causas y procesos de corrupción mediáticamente relevantes. Aunque los representantes reconocen que eliminar soportes obsoletos responde a exigencias del Esquema Nacional de Seguridad y la normativa de protección de datos, destacan que la imposibilidad de revertir el proceso requiere definir claramente qué información debe conservarse obligatoriamente por su valor judicial o probatorio.
Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado la opacidad en la que se ha desarrollado la adquisición, debido a que los delegados de los trabajadores en el Consejo de la Guardia Civil no fueron informados con anterioridad. Este colectivo exige la rápida creación de una normativa interna que precise quién tendrá la autorización para eliminar datos, qué entidades auditarán las acciones de borrado y bajo qué protocolos de trazabilidad se garantizará que la cadena de custodia y los procedimientos legales respecto a la valoración documental no resulten afectados.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALJUCIL y AUGC solicitan proteger la cadena de custodia de los expedientes judiciales y demandan garantías ante la adquisición de esta herramienta digital.
Las principales asociaciones de la Guardia Civil han manifestado su preocupación ante la Dirección General del cuerpo tras conocer la gestión de un expediente para introducir un software que permite la eliminación segura e irreversible de archivos digitales. Representantes de colectivos como JUCIL y AUGC han señalado que la activación de este sistema de sobreescritura podría «afectar gravemente procedimientos judiciales y penales abiertos», además de investigaciones internas o requerimientos de la Fiscalía y los tribunales.
La controversia vinculada a esta contratación coincide en el tiempo con la instrucción iniciada en la Audiencia Nacional respecto al conocido ‘caso Leire Díez’, un proceso abierto por el magistrado Santiago Pedraz que investiga supuestas presiones a agentes y en el que están imputados la directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Asimismo, el expediente se tramita al mismo tiempo que las investigaciones judiciales dirigidas por la jueza María Tardón sobre la crisis migratoria en Ceuta, proceso que ha requerido una amplia documentación al instituto armado.
El secretario general de JUCIL, Ángel Ignacio Lezcano, ha pedido que se establezcan mecanismos legales y salvaguardas para «proteger cualquier prueba» relacionada con grandes causas y procesos de corrupción mediáticamente relevantes. Aunque los representantes reconocen que eliminar soportes obsoletos responde a exigencias del Esquema Nacional de Seguridad y la normativa de protección de datos, destacan que la imposibilidad de revertir el proceso requiere definir claramente qué información debe conservarse obligatoriamente por su valor judicial o probatorio.
Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado la opacidad en la que se ha desarrollado la adquisición, debido a que los delegados de los trabajadores en el Consejo de la Guardia Civil no fueron informados con anterioridad. Este colectivo exige la rápida creación de una normativa interna que precise quién tendrá la autorización para eliminar datos, qué entidades auditarán las acciones de borrado y bajo qué protocolos de trazabilidad se garantizará que la cadena de custodia y los procedimientos legales respecto a la valoración documental no resulten afectados.
Te puede interesar
JUCIL y AUGC solicitan proteger la cadena de custodia de los expedientes judiciales y demandan garantías ante la adquisición de esta herramienta digital.
Las principales asociaciones de la Guardia Civil han manifestado su preocupación ante la Dirección General del cuerpo tras conocer la gestión de un expediente para introducir un software que permite la eliminación segura e irreversible de archivos digitales. Representantes de colectivos como JUCIL y AUGC han señalado que la activación de este sistema de sobreescritura podría «afectar gravemente procedimientos judiciales y penales abiertos», además de investigaciones internas o requerimientos de la Fiscalía y los tribunales.
La controversia vinculada a esta contratación coincide en el tiempo con la instrucción iniciada en la Audiencia Nacional respecto al conocido ‘caso Leire Díez’, un proceso abierto por el magistrado Santiago Pedraz que investiga supuestas presiones a agentes y en el que están imputados la directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Asimismo, el expediente se tramita al mismo tiempo que las investigaciones judiciales dirigidas por la jueza María Tardón sobre la crisis migratoria en Ceuta, proceso que ha requerido una amplia documentación al instituto armado.
El secretario general de JUCIL, Ángel Ignacio Lezcano, ha pedido que se establezcan mecanismos legales y salvaguardas para «proteger cualquier prueba» relacionada con grandes causas y procesos de corrupción mediáticamente relevantes. Aunque los representantes reconocen que eliminar soportes obsoletos responde a exigencias del Esquema Nacional de Seguridad y la normativa de protección de datos, destacan que la imposibilidad de revertir el proceso requiere definir claramente qué información debe conservarse obligatoriamente por su valor judicial o probatorio.
Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado la opacidad en la que se ha desarrollado la adquisición, debido a que los delegados de los trabajadores en el Consejo de la Guardia Civil no fueron informados con anterioridad. Este colectivo exige la rápida creación de una normativa interna que precise quién tendrá la autorización para eliminar datos, qué entidades auditarán las acciones de borrado y bajo qué protocolos de trazabilidad se garantizará que la cadena de custodia y los procedimientos legales respecto a la valoración documental no resulten afectados.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANALJUCIL y AUGC solicitan proteger la cadena de custodia de los expedientes judiciales y demandan garantías ante la adquisición de esta herramienta digital.
Las principales asociaciones de la Guardia Civil han manifestado su preocupación ante la Dirección General del cuerpo tras conocer la gestión de un expediente para introducir un software que permite la eliminación segura e irreversible de archivos digitales. Representantes de colectivos como JUCIL y AUGC han señalado que la activación de este sistema de sobreescritura podría «afectar gravemente procedimientos judiciales y penales abiertos», además de investigaciones internas o requerimientos de la Fiscalía y los tribunales.
La controversia vinculada a esta contratación coincide en el tiempo con la instrucción iniciada en la Audiencia Nacional respecto al conocido ‘caso Leire Díez’, un proceso abierto por el magistrado Santiago Pedraz que investiga supuestas presiones a agentes y en el que están imputados la directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Asimismo, el expediente se tramita al mismo tiempo que las investigaciones judiciales dirigidas por la jueza María Tardón sobre la crisis migratoria en Ceuta, proceso que ha requerido una amplia documentación al instituto armado.
El secretario general de JUCIL, Ángel Ignacio Lezcano, ha pedido que se establezcan mecanismos legales y salvaguardas para «proteger cualquier prueba» relacionada con grandes causas y procesos de corrupción mediáticamente relevantes. Aunque los representantes reconocen que eliminar soportes obsoletos responde a exigencias del Esquema Nacional de Seguridad y la normativa de protección de datos, destacan que la imposibilidad de revertir el proceso requiere definir claramente qué información debe conservarse obligatoriamente por su valor judicial o probatorio.
Por otra parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha criticado la opacidad en la que se ha desarrollado la adquisición, debido a que los delegados de los trabajadores en el Consejo de la Guardia Civil no fueron informados con anterioridad. Este colectivo exige la rápida creación de una normativa interna que precise quién tendrá la autorización para eliminar datos, qué entidades auditarán las acciones de borrado y bajo qué protocolos de trazabilidad se garantizará que la cadena de custodia y los procedimientos legales respecto a la valoración documental no resulten afectados.
