CCOO alerta sobre el fraude en horas extra: 2,5 millones de horas semanales sin remunerar en 2025

El sindicato sitúa en 3.243 millones de euros las pérdidas anuales en salarios y cotizaciones, equivalentes a 62.000 empleos a tiempo completo

Mientras la patronal centra su atención en el incremento de las bajas laborales, Comisiones Obreras (CCOO) ha respondido aportando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Un estudio elaborado por su gabinete económico y publicado el lunes 23 de febrero de 2026 señala que durante el año previo se realizaron en España un promedio de 2,5 millones de horas extra sin remunerar semanalmente. Esta práctica, calificada por el sindicato como «ilegal», implica que 441.000 trabajadores sacrificaron parte de su tiempo laboral sin recibir compensación económica, afectando además a los ingresos de la Seguridad Social.

Datos sobre el “empleo fantasma”

El informe indica que, del total de 6,8 millones de horas adicionales semanales realizadas en 2025, más de un tercio quedaron sin pago. Si ese trabajo adicional se hubiera formalizado mediante contratos laborales, se habrían generado 160.000 empleos a jornada completa, de los cuales 62.000 corresponden exclusivamente a las horas trabajadas sin remuneración.

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Sectores y comunidades autónomas más perjudicados

El fenómeno de las horas extra impagadas no repercute igual en todos los sectores. En términos absolutos, la educación encabeza la lista con 440.000 horas semanales no remuneradas. Sin embargo, en cuanto a la intensidad por trabajador, el sector de transporte y almacenamiento es el más afectado, con un volumen medio de 8,3 horas extra sin pago por empleado.

En cuanto a regiones, Madrid registra la mayor proporción de trabajadores que extienden su jornada sin obtener compensación, con un 3,4%, seguida por Asturias (3%) y el País Vasco (2,8%).

Demandas al Gobierno

Desde CCOO, su secretario confederal de Acción Sindical, Javier Pacheco, advierte que esta extensión de la jornada laboral implica costes para los trabajadores, la Seguridad Social y el sistema tributario. Además, resalta que afecta negativamente a la salud laboral y eleva el gasto público en sanidad.

El sindicato insta al Gobierno de Yolanda Díaz a avanzar en la aprobación del decreto que endurece el control del registro de jornada. Esta normativa está en proceso desde septiembre de 2025, pero aún no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Para Pacheco, esta reforma resulta fundamental para frenar una práctica que genera un coste significativo para el sistema.