La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ expresa ante el Rey Felipe VI su rechazo a las acusaciones de ‘lawfare’ y reivindica la lealtad institucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Durante la ceremonia solemne de apertura del año judicial 2026-2027, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y contó con la presidencia del Rey Felipe VI, Isabel Perelló, presidenta del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), emitió una firme advertencia institucional. La magistrada denunció que las reiteradas acusaciones sobre motivaciones ideológicas contra los jueces —frecuentemente denominadas como lawfare— representan una «imputación de extraordinaria gravedad» que atenta directamente contra el Estado de Derecho y desconoce el mandato constitucional asignado a la Carrera Judicial.
En su discurso, Perelló subrayó que las críticas emitidas desde cargos públicos con responsabilidad pretenden convertir la crítica en una forma de presión procesal. Apoyándose en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y en informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, la presidenta recordó el deber que tienen los poderes del Estado de evitar manifestaciones que menoscaben la confianza ciudadana en la justicia. Aunque defendió el derecho a las diferencias jurídicas fundamentadas como una vía para mejorar el sistema, rechazó rotundamente que se atribuyan motivaciones políticas a las decisiones judiciales.
Más allá de la defensa institucional y la independencia judicial, el discurso incluyó un balance del trabajo del órgano de gobierno de los jueces tras dos años desde su renovación. Perelló destacó la aprobación de 37 nombramientos discrecionales en el último año, sumando un total de 198 designaciones con una participación femenina del 40%. También resaltó el hecho histórico de que mujeres lideren tanto la Fiscalía General del Estado como el propio CGPJ, en un contexto donde casi el 60% del estamento judicial son juezas.
Para finalizar, la presidenta del Supremo realizó una evaluación sobre la elevada carga de trabajo que enfrenta la Administración de Justicia, que resolvió más de siete millones de asuntos en 2025 pero mantiene una pendiente cercana a 4,7 millones de expedientes. Frente a la saturación causada por la litigación masiva y el déficit estructural de plantilla —con ratios por debajo de la media europea—, Perelló solicitó la convocatoria anual de 367 plazas judiciales durante la próxima década y la rápida aprobación del Estatuto del Gabinete Técnico. El acto concluyó con un reconocimiento a las víctimas de emergencias recientes, incluyendo a quienes fueron afectados por la crisis migratoria en Ceuta.
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En su discurso, Perelló subrayó que las críticas emitidas desde cargos públicos con responsabilidad pretenden convertir la crítica en una forma de presión procesal. Apoyándose en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y en informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, la presidenta recordó el deber que tienen los poderes del Estado de evitar manifestaciones que menoscaben la confianza ciudadana en la justicia. Aunque defendió el derecho a las diferencias jurídicas fundamentadas como una vía para mejorar el sistema, rechazó rotundamente que se atribuyan motivaciones políticas a las decisiones judiciales.
Más allá de la defensa institucional y la independencia judicial, el discurso incluyó un balance del trabajo del órgano de gobierno de los jueces tras dos años desde su renovación. Perelló destacó la aprobación de 37 nombramientos discrecionales en el último año, sumando un total de 198 designaciones con una participación femenina del 40%. También resaltó el hecho histórico de que mujeres lideren tanto la Fiscalía General del Estado como el propio CGPJ, en un contexto donde casi el 60% del estamento judicial son juezas.
Para finalizar, la presidenta del Supremo realizó una evaluación sobre la elevada carga de trabajo que enfrenta la Administración de Justicia, que resolvió más de siete millones de asuntos en 2025 pero mantiene una pendiente cercana a 4,7 millones de expedientes. Frente a la saturación causada por la litigación masiva y el déficit estructural de plantilla —con ratios por debajo de la media europea—, Perelló solicitó la convocatoria anual de 367 plazas judiciales durante la próxima década y la rápida aprobación del Estatuto del Gabinete Técnico. El acto concluyó con un reconocimiento a las víctimas de emergencias recientes, incluyendo a quienes fueron afectados por la crisis migratoria en Ceuta.
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Durante la ceremonia solemne de apertura del año judicial 2026-2027, que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y contó con la presidencia del Rey Felipe VI, Isabel Perelló, presidenta del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), emitió una firme advertencia institucional. La magistrada denunció que las reiteradas acusaciones sobre motivaciones ideológicas contra los jueces —frecuentemente denominadas como lawfare— representan una «imputación de extraordinaria gravedad» que atenta directamente contra el Estado de Derecho y desconoce el mandato constitucional asignado a la Carrera Judicial.
En su discurso, Perelló subrayó que las críticas emitidas desde cargos públicos con responsabilidad pretenden convertir la crítica en una forma de presión procesal. Apoyándose en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y en informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, la presidenta recordó el deber que tienen los poderes del Estado de evitar manifestaciones que menoscaben la confianza ciudadana en la justicia. Aunque defendió el derecho a las diferencias jurídicas fundamentadas como una vía para mejorar el sistema, rechazó rotundamente que se atribuyan motivaciones políticas a las decisiones judiciales.
Más allá de la defensa institucional y la independencia judicial, el discurso incluyó un balance del trabajo del órgano de gobierno de los jueces tras dos años desde su renovación. Perelló destacó la aprobación de 37 nombramientos discrecionales en el último año, sumando un total de 198 designaciones con una participación femenina del 40%. También resaltó el hecho histórico de que mujeres lideren tanto la Fiscalía General del Estado como el propio CGPJ, en un contexto donde casi el 60% del estamento judicial son juezas.
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En su discurso, Perelló subrayó que las críticas emitidas desde cargos públicos con responsabilidad pretenden convertir la crítica en una forma de presión procesal. Apoyándose en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y en informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, la presidenta recordó el deber que tienen los poderes del Estado de evitar manifestaciones que menoscaben la confianza ciudadana en la justicia. Aunque defendió el derecho a las diferencias jurídicas fundamentadas como una vía para mejorar el sistema, rechazó rotundamente que se atribuyan motivaciones políticas a las decisiones judiciales.
Más allá de la defensa institucional y la independencia judicial, el discurso incluyó un balance del trabajo del órgano de gobierno de los jueces tras dos años desde su renovación. Perelló destacó la aprobación de 37 nombramientos discrecionales en el último año, sumando un total de 198 designaciones con una participación femenina del 40%. También resaltó el hecho histórico de que mujeres lideren tanto la Fiscalía General del Estado como el propio CGPJ, en un contexto donde casi el 60% del estamento judicial son juezas.
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