Con la adopción del euro cada vez más cercana, Bulgaria atraviesa una nueva crisis política que ha llevado ya a la convocatoria de sus octavas elecciones legislativas anticipadas desde abril de 2021. Esta situación se ha intensificado tras la dimisión del Gobierno, que asumió sus funciones en enero, un día después de multitudinarias protestas ciudadanas que exigían su salida.
El primer ministro conservador, Rosen Zhelyazkov, presentó su renuncia indicando que «hemos atendido el clamor social». Esta medida se tomó momentos antes de que el Parlamento estuviera listo para votar una moción de censura impulsada por la oposición contra su gabinete, formado por los partidos GERB, Socialista Búlgaro (BSP) e ITN, todos ellos con una significativa pérdida de confianza pública.
El Ejecutivo tripartito, instalado el 15 de enero tras largas negociaciones posteriores a las elecciones de octubre de 2024 —las séptimas anticipadas en tres años y medio—, ha enfrentado constantes vetos y bloqueos entre sus fuerzas políticas, lo que ha dificultado la formación de un gobierno estable.
La dimisión reciente ha agravado la incertidumbre en un país donde la desconfianza hacia la clase política, señalada por corrupción, es evidente. En este contexto, la principal fuerza política, GERB, liderada por el ex primer ministro Boiko Borisov, ha declarado que no contempla negociar un nuevo acuerdo gubernamental bajo la configuración parlamentaria actual.
Las elecciones anticipadas parecen inevitable, pues la mayoría de los grupos en el poder dependen del apoyo del partido minoritario DPS-Nuevo Comienzo, cuyo líder es Delyan Peevski, un oligarca con sanciones internacionales. La coalición gobernante no ha conseguido el respaldo necesario para aprobar leyes esenciales.
En un mensaje a sus seguidores, Borisov subrayó la urgencia de celebrar los comicios lo antes posible, preferiblemente en marzo de 2026. Se prevé que el Gobierno formalice su renuncia ante el Parlamento y continúe en funciones hasta que se forme una nueva administración.
Esta crisis política genera inquietud respecto a la adopción del euro, prevista para el 1 de enero, ya que la población teme un posible incremento de precios, un tema muy sensible. Borisov aseguró que aunque el actual Gobierno se dimita, se hará cargo de evitar cualquier alza en los costos, afirmando que «este Gobierno dimitido ya no está operativo».
Las tensiones sociales alcanzaron su punto máximo con grandes manifestaciones encabezadas por jóvenes que demandan la destitución de figuras influyentes como Borisov y Peevski. Con la corrupción como motivo principal, estas protestas buscan un cambio significativo en la política búlgara y un futuro que reduzca la emigración.
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