La presidenta de la Comunidad de Madrid advierte sobre descensos del 60 % en las ventas de los negocios de la zona, mientras el TSJM finaliza el plazo para que la Delegación del Gobierno presente sus alegaciones respecto al desalojo de la plaza.
MADRID — Este miércoles, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha intensificado la presión institucional contra el Ejecutivo central debido a la acampada que se mantiene en la Puerta del Sol desde el 26 de septiembre. La líder del Partido Popular ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de transformar el centro de la capital en un «campamento político», del que, según ha afirmado, «los madrileños están pagando las consecuencias».
En un mensaje difundido en la red social X, Díaz Ayuso ha criticado que el espacio público continúe «ocupado a hechos consumados» y «vandalizado», destacando el impacto económico negativo que esta protesta está causando en el comercio local. Según la presidenta autonómica, la presencia de la acampada está «oprimiendo» a los negocios del entorno, que han registrado descensos en sus ventas de hasta un 60 %.
Decisión judicial clave en el TSJM
Las declaraciones de la presidenta regional ocurren en un momento crucial en la disputa legal iniciada por la Comunidad de Madrid para lograr la finalización de la protesta. Tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a dictar las medidas urgentes solicitadas la semana pasada, el tribunal madrileño encara la fase definitiva para resolver el recurso contencioso-administrativo presentado contra la Delegación del Gobierno.
En la resolución emitida el pasado lunes, los jueces del TSJM reconocieron la existencia de «circunstancias de especial urgencia», pero optaron por no ordenar una intervención policial inmediata sin antes escuchar a la Administración General del Estado. El tribunal fundamentó esta precaución ante la posibilidad de que el desalojo implicara la aplicación de «compulsión física sobre las personas acampadas», estableciendo como plazo límite las 9:00 horas de este miércoles para que la Delegación del Gobierno entregue sus alegaciones antes de emitir una decisión final.
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