Las tres principales asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han coordinado sus demandas para solicitar al Ministerio de Defensa que avance en el reconocimiento de la carrera militar como una profesión de riesgo. Pero, ¿quiénes son estos grupos, cuántos militares representan y qué reivindican con precisión?
Quién es quién: asociaciones militares en España
A diferencia de otros cuerpos de seguridad, los militares no tienen derecho a sindicarse. Desde 2011, la ley autoriza que se asocien profesionalmente para proteger sus intereses. Las tres asociaciones que han encabezado la solicitud para reconocer la profesión de riesgo son:
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ASFASPRO (Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas). Creada para defender específicamente al colectivo de suboficiales, que constituyen el soporte operativo del Ejército. Estos suboficiales están a cargo de dirigir diariamente a la tropa en tareas que van desde maniobras de combate hasta el cuidado de armamento y vehículos.
AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles). Es la asociación con mayor presencia mediática y una de las más activas en la defensa de los derechos laborales de los militares. Ha puesto en evidencia en varias ocasiones la «alta vulnerabilidad» de los efectivos en misiones internacionales y las condiciones de los destinos en zonas fronterizas.
UMT (Unión de Militares de Tropa). Se centra en soldados y marineros profesionales, que son el grupo más numeroso de las Fuerzas Armadas y también los que suelen retirarse más jóvenes (a los 58 años) y, en muchos casos, con pensiones bajas.
Además de estas tres, existe también ATME (Asociación de Tropa y Marinería Española), que no ha suscrito los comunicados conjuntos y mantiene una posición más crítica con el proceso, solicitando compromisos por escrito y documentación técnica antes de iniciar cualquier negociación.
Las cinco peticiones específicas
En octubre de 2026, en un comunicado conjunto donde solicitaron una reunión urgente con la ministra de Defensa, ASFASPRO, AUME y UMT expusieron cinco demandas:
1. Reconocimiento como profesión de riesgo. Solicitan que la carrera militar sea oficialmente catalogada como actividad con penosidad, peligrosidad y riesgo, de forma similar a como se reconoce a bomberos, policías locales o policías autonómicos.
2. Coeficientes reductores en la edad de jubilación. Las asociaciones proponen un coeficiente de 0,20 por cada año de servicio, lo que facilitaría adelantar la jubilación sin penalización en la pensión. Por ejemplo, con este coeficiente, un militar con 25 años de servicio podría anticipar su retiro en 5 años.
3. Igualación de pensiones. Reclaman que los haberes reguladores que determinan la base para calcular la pensión de retiro de los militares se igualen a los de Policía Nacional y Guardia Civil, que actualmente tienen condiciones más beneficiosas.
4. Aplicación universal. Exigen que el reconocimiento cubra a todos los militares, tanto a los del Régimen General de la Seguridad Social (ingresados a partir de 2011) como a los de Clases Pasivas (anteriores a 2011). De no ser así, miles de efectivos quedarían fuera de los coeficientes reductores.
5. Reunión a la máxima instancia. Las asociaciones consideran que el asunto supera el ámbito técnico del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), donde no ha habido avances en más de una década, y solicitan un diálogo directo con la ministra.
Razones que justifican la urgencia
Las asociaciones basan su solicitud en tres puntos principales:
El riesgo es tangible y medible. Los militares manipulan armas y explosivos diariamente, participan en operaciones en zonas conflictivas, realizan ejercicios con fuego real, desactivan artefactos explosivos, saltan en paracaídas y se entrenan en alta mar. Entre 2011 y 2022, según el Ministerio de Defensa, falleció un militar en acto de servicio cada 22 días.
Crece la desigualdad comparativa. Mientras el Ministerio del Interior avanza en aplicar coeficientes reductores para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los militares permanecen excluidos. Las asociaciones recuerdan que ya experimentaron una situación similar de desigualdad con la equiparación salarial, de la cual quedaron excluidos.
La oportunidad política se acorta. Con unas elecciones generales programadas para 2027, las asociaciones temen que el proceso quede estancado o se transforme en lo que describen como una «promesa electoral»: una oferta anunciada para captar votos pero que no se materializa antes de los comicios.
Un debate especialmente relevante en Ceuta
Ceuta es una de las urbes donde esta demanda cobra mayor relevancia. Con unos 3.500 militares para 84.000 habitantes, aproximadamente uno de cada 24 residentes pertenece a las Fuerzas Armadas. Muchos están destinados en un área fronteriza de especial sensibilidad y después de su retiro permanecen residiendo en la ciudad.
Situación actual del proceso
A la fecha actual, las negociaciones llevan un año sin avances concretos. En abril de 2026 Defensa reconoció que el reconocimiento debería ser universal, pero aún no se ha emitido el real decreto ni fijado un calendario. Las asociaciones aguardan respuesta a su solicitud de reunión urgente.
Para comparar la situación de los militares con la de otros colectivos, puedes consultar nuestra tabla comparativa de profesiones de riesgo en España.
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