La defensa del expresidente del Gobierno ha mostrado su desacuerdo con el informe de la UDEF que detalla aspectos de su vida privada y defiende que su rutina diaria no debe quedar sujeta al «criterio y conveniencia» policial sin una justificación válida.
MADRID.– José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha expresado su malestar ante la instrucción del caso Plus Ultra. Mediante un escrito presentado por su abogado, Víctor Moreno Catena, su defensa cuestiona al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por el “error” que posibilitó que su agenda personal y numerosos mensajes privados con su secretaria fueran filtrados a la prensa.
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Este señalamiento se produce un día después de que el magistrado ordenara iniciar una investigación para esclarecer penalmente el origen de estas filtraciones, reconociendo la gravedad de la divulgación indiscriminada del contenido completo de los anexos de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). No obstante, para la defensa de Zapatero, el problema radica en la gestión interna de los documentos dentro del juzgado.
«Sometido a un control policial»
En su escrito, el abogado Moreno Catena destaca de manera clara el impacto que esta situación representa para la privacidad del expresidente:
“La vida del señor Rodríguez Zapatero no debe estar bajo la vigilancia de la unidad policial, basada en su propio criterio y conveniencia, sin contar con una justificación ni autorización judicial”.
La defensa sostiene que los análisis policiales han excedido los límites necesarios para la investigación —que indaga un supuesto tráfico de influencias relacionado con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra y posibles delitos fiscales—. Al incluir un gran número de citas, reuniones y conversaciones con carácter privado y sin relación directa con el caso, aseguran que se ha vulnerado el derecho a la intimidad y a un proceso judicial garantista.
Estrategia para invalidar el proceso
Este argumento se suma a la solicitud formal de “nulidad general” presentada por la defensa de Zapatero ante la Audiencia Nacional. En dicha petición, solicitan que se excluyan del procedimiento “todas las pruebas obtenidas” durante los registros, alegando irregularidades desde el inicio: cuestionan la competencia de los juzgados que comenzaron las investigaciones y señalan que se usaron interceptaciones de chats privados sin la debida autorización de la Fiscalía Anticorrupción.
Mientras el juez Calama procura proteger la investigación restringiendo el acceso a los archivos multimedia mediante una pieza separada para «información sensible», el equipo del expresidente mantiene la estrategia de impugnar la instrucción, afirmando que Zapatero no tuvo influencia en el rescate de la aerolínea y que su labor de consultoría es legal.
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