La formación estima que hay «argumentos y pruebas suficientes» contra el hermano del presidente del Gobierno, quien ya fue sancionado con nueve años de inhabilitación por prevaricación.
MADRID.– Vox ha comunicado este lunes que presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que absolvió a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, del delito de tráfico de influencias.
El portavoz de la formación, José Antonio Fúster, indicó que sus equipos jurídicos están seguros de que existen pruebas contundentes para conseguir una condena por este delito, argumentando que David Sánchez participó en un procedimiento «concebido para simular su legalidad». «Está claro que hubo tráfico de influencias», afirmó Fúster durante su intervención.
El portavoz quiso diferenciar la línea de acción de su partido, basada en recurrir «con argumentos y pruebas» ante la justicia, de la conducta de lo que denominó «los gorilas del entorno de Sánchez», a quienes acusó de dedicarse a «insultar a los jueces».
Condenado por prevaricación, pero absuelto de tráfico de influencias
La acción judicial de Vox se produce una semana después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz notificara la resolución del caso. El pasado martes 14 de julio, este tribunal impuso a David Sánchez una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, vinculado con la modificación en la denominación de su puesto de trabajo en la corporación provincial.
No obstante, el tribunal de Badajoz descartó en el mismo fallo la existencia de tráfico de influencias en relación con su contratación por parte de la Diputación de Badajoz, una decisión que la acusación popular ahora pretende revertir en una instancia superior.
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El portavoz de la formación, José Antonio Fúster, indicó que sus equipos jurídicos están seguros de que existen pruebas contundentes para conseguir una condena por este delito, argumentando que David Sánchez participó en un procedimiento «concebido para simular su legalidad». «Está claro que hubo tráfico de influencias», afirmó Fúster durante su intervención.
El portavoz quiso diferenciar la línea de acción de su partido, basada en recurrir «con argumentos y pruebas» ante la justicia, de la conducta de lo que denominó «los gorilas del entorno de Sánchez», a quienes acusó de dedicarse a «insultar a los jueces».
Condenado por prevaricación, pero absuelto de tráfico de influencias
La acción judicial de Vox se produce una semana después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz notificara la resolución del caso. El pasado martes 14 de julio, este tribunal impuso a David Sánchez una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, vinculado con la modificación en la denominación de su puesto de trabajo en la corporación provincial.
No obstante, el tribunal de Badajoz descartó en el mismo fallo la existencia de tráfico de influencias en relación con su contratación por parte de la Diputación de Badajoz, una decisión que la acusación popular ahora pretende revertir en una instancia superior.
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El portavoz de la formación, José Antonio Fúster, indicó que sus equipos jurídicos están seguros de que existen pruebas contundentes para conseguir una condena por este delito, argumentando que David Sánchez participó en un procedimiento «concebido para simular su legalidad». «Está claro que hubo tráfico de influencias», afirmó Fúster durante su intervención.
El portavoz quiso diferenciar la línea de acción de su partido, basada en recurrir «con argumentos y pruebas» ante la justicia, de la conducta de lo que denominó «los gorilas del entorno de Sánchez», a quienes acusó de dedicarse a «insultar a los jueces».
Condenado por prevaricación, pero absuelto de tráfico de influencias
La acción judicial de Vox se produce una semana después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz notificara la resolución del caso. El pasado martes 14 de julio, este tribunal impuso a David Sánchez una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, vinculado con la modificación en la denominación de su puesto de trabajo en la corporación provincial.
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El portavoz de la formación, José Antonio Fúster, indicó que sus equipos jurídicos están seguros de que existen pruebas contundentes para conseguir una condena por este delito, argumentando que David Sánchez participó en un procedimiento «concebido para simular su legalidad». «Está claro que hubo tráfico de influencias», afirmó Fúster durante su intervención.
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Condenado por prevaricación, pero absuelto de tráfico de influencias
La acción judicial de Vox se produce una semana después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz notificara la resolución del caso. El pasado martes 14 de julio, este tribunal impuso a David Sánchez una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, vinculado con la modificación en la denominación de su puesto de trabajo en la corporación provincial.
No obstante, el tribunal de Badajoz descartó en el mismo fallo la existencia de tráfico de influencias en relación con su contratación por parte de la Diputación de Badajoz, una decisión que la acusación popular ahora pretende revertir en una instancia superior.
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El portavoz de la formación, José Antonio Fúster, indicó que sus equipos jurídicos están seguros de que existen pruebas contundentes para conseguir una condena por este delito, argumentando que David Sánchez participó en un procedimiento «concebido para simular su legalidad». «Está claro que hubo tráfico de influencias», afirmó Fúster durante su intervención.
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No obstante, el tribunal de Badajoz descartó en el mismo fallo la existencia de tráfico de influencias en relación con su contratación por parte de la Diputación de Badajoz, una decisión que la acusación popular ahora pretende revertir en una instancia superior.
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