Madrid — El Partido Popular ha movido ficha para detener la vigencia de la instrucción emitida por el Ministerio de Justicia que regula la llamada ‘ley de nietos’. El partido ha presentado una solicitud para la revisión y anulación de oficio ante la Secretaría de Estado de Justicia, argumentando que el proceso actual carece de las garantías adecuadas en cuanto a la concesión de la nacionalidad a los descendientes de exiliados y en la administración del voto exterior.
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, detalló en rueda de prensa que el ministerio cuenta ahora con un plazo de tres meses para pronunciarse sobre la petición. Según los populares, la instrucción de Justicia «se excede» y amplía incorrectamente los supuestos legales para adquirir la nacionalidad española.
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El respaldo de la Junta Electoral Central (JEC)
Para fundamentar esta acción legal, el PP se ha basado en una resolución de la Junta Electoral Central (JEC) emitida el 16 de julio. Según Ezcurra, este documento resulta «bastante ilustrativo» por las incertidumbres que él mismo ha generado:
- Extralimitación: La JEC reconoce carecer de competencias para derogar leyes, pero considera que la instrucción ministerial supera los límites autorizados.
- Exigencia de control: La JEC ha pedido a la Oficina del Censo un informe detallado sobre el efecto de la ley y el voto por correo de quienes residen fuera.
- Criterios homogéneos: Se ordenó la elaboración de directrices claras que definan los criterios uniformes para establecer el municipio de adscripción e inscripción electoral de los nuevos ciudadanos.
Críticas a Sánchez ante otra «semana intensa» en tribunales
Más allá del ámbito de la nacionalidad, la dirigente del PP aprovechó su intervención para destacar que el mes de julio no ofrece descanso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ezcurra pronosticó una nueva semana judicial especialmente compleja para el entorno del Ejecutivo, mencionando las principales citas en tribunales y comisiones:
- Caso Koldo y Adif: Las declaraciones judiciales de Jessica Rodríguez (expareja de José Luis Ábalos), Joseba García (hermano de Koldo García) e Ignacio Zaldívar (ex alto cargo de Adif).
- Trama Plus Ultra: La declaración ante la Audiencia Nacional del empresario Julio Martínez, vinculado al expresidente Rodríguez Zapatero.
- Frente parlamentario: La intervención de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en la comisión de investigación del Senado.
Ezcurra criticó que el presidente haya decidido comenzar «las vacaciones más prolongadas de toda la legislatura» en este contexto. Para concluir, resaltó que la responsabilidad penal corresponde a los jueces, pero anticipó que la «decisión política» dependerá de la ciudadanía española «en cuanto Sánchez, cada vez más encerrado, convoque elecciones».
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