La víctima declara haber entregado aproximadamente 80.000 euros mediante efectivo, Bizum y transferencias por una vivienda que nunca llegó a recibir. Los cuatro acusados sostienen que el comprador incumplió los contratos de arras.
CEUTA — La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, ubicada en Ceuta, ha dejado visto para sentencia el juicio contra cuatro personas señaladas por un supuesto delito continuado de estafa. El caso se centra en la fallida compra-venta de un inmueble en la avenida Juan Carlos I, en una operación que, según Fiscalía, los acusados habrían realizado de manera coordinada para obtener un beneficio económico a costa de la víctima.
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Mientras el denunciante sostiene que fue víctima de un fraude debido a su falta de conocimientos legales, las defensas alegan que se trató de un incumplimiento contractual por parte del comprador y reclaman su absolución.
Relato de la víctima: «Pagué casi 80.000 euros y nunca recibí la vivienda»
El denunciante, de origen extranjero y que anteriormente había trabajado para dos de los acusados como churrero y albañil, explicó que acudió a ellos de confianza para conseguir un hogar. Tras una reunión en una cafetería de Juan Carlos I, se estableció un precio inicial de 52.500 euros por la propiedad.
Durante el proceso, la víctima asegura haber desembolsado aproximadamente 78.000 euros en efectivo, Bizum y transferencias. Justificó el pago superior al precio estipulado por el «miedo a perderlo todo», pues uno de los acusados le indicó que la suma entregada inicialmente no sería reembolsable si no abonaba fondos adicionales.
Una evidencia fundamental: Ante la ausencia de recibos o comprobantes que los acusados se negaban a facilitar, el denunciante presentó un vídeo reproducido al inicio del juicio en el que se observa a uno de los acusados recibiendo un sobre que, según la fiscalía, contenía 15.000 euros en efectivo.
Además, el afectado denunció haber recibido demoras al solicitar aclaraciones y afirmó que fue amenazado con la retirada de sus permisos de residencia en España por los acusados tras manifestar su intención de acudir a la justicia.
Inquietudes del asesor: un contrato inviable desde el inicio
En la vista oral, declaró como testigo un trabajador de una asesoría consultada por la víctima. El profesional calificó la operación de «sospechosa» desde el principio:
- Plazos inviables: El contrato establecía un mes para la escrituración, mientras que los trámites administrativos para permisos de un comprador extranjero suelen tardar al menos tres meses.
- Documentación irregular: El asesor detectó inconsistencias en los tiempos de las escrituras y aseguró que el supuesto propietario nunca acudió a una reunión programada en su despacho para esclarecer la situación.
La defensa intentó cuestionar la capacidad financiera del denunciante, planteando dudas sobre cómo una persona con un salario aproximado de 1.000 euros mensuales podría disponer de esas cantidades en efectivo.
Argumentos de la defensa: comisiones, un sobre con 600 euros y cuentas bloqueadas
Los acusados negaron la estafa y culparon al denunciante, alegando que éste incumplió hasta tres contratos de arras por no poder reunir los fondos para completar la compra.
- N.L.S. (Intermediario): Sostuvo que el sobre del vídeo contenía únicamente 600 euros (no 15.000), destinados a gestiones administrativas. Admitió haber cobrado 6.000 euros de comisión por su labor, justificando esta cantidad dado que la vivienda tenía un precio «muy inferior» al valor de mercado.
- R.E.B. (Esposa del intermediario): Apoyó la versión de su esposo y negó haber amenazado al denunciante respecto a su situación legal en España.
- J.S.L.B. (Supuesto propietario): Reconoció que la vivienda, procedente de una herencia, poseía problemas registrales resueltos con retraso. Admitió que envió un mensaje al denunciante diciendo “si quieres denunciarme, hazlo” tras vender la casa a un tercero debido a la falta de pago del comprador.
- H.A.E.K. (Cuarta acusada): Confirmó haber recibido parte del dinero en su cuenta personal, explicando que lo hizo porque el propietario tenía bloqueadas temporalmente sus cuentas bancarias.
Solicitud de penas: 6 años de prisión
El Ministerio Fiscal evaluó que la prueba presentada confirma el delito continuado de estafa, manteniendo su petición inicial. Por ello, solicita para cada uno de los cuatro acusados:
- Una pena de 6 años de prisión.
- Una multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros.
- La indemnización conjunta y solidaria a favor de la víctima de 78.000 euros por el daño económico sufrido.
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