El Ejecutivo reconoce la brecha insalvable con sus socios de investidura, aunque confía en aprobar decretos importantes y tratar de alcanzar un último acuerdo presupuestario antes de convocar elecciones.
MADRID. El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una etapa de resistencia pragmática. Después del complicado y tenso debate en el Congreso de los Diputados, desde la Moncloa no ocultan la realidad: la distancia con sus aliados parlamentarios habituales es muy grande y la legislatura avanza por un camino muy estrecho. No obstante, el presidente ha decidido aprovechar sus últimas oportunidades políticas, implementando una estrategia activa para aprobar la mayor cantidad posible de leyes y decretos antes de cerrar este ciclo y convocar a los ciudadanos a las urnas.
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Lejos de entrar en una paralización completa, el enfoque gubernamental busca demostrar iniciativa y «geometría variable» en el Parlamento. El Ejecutivo es consciente del limitado margen de maniobra, pero confía en que la mutua dependencia entre los bloques impida un colapso inmediato, permitiéndole ampliar los plazos institucionales mientras construye el relato de gestión que presentará en la campaña electoral.
El recurso de los decretos y la negociación definitiva de los Presupuestos
La estrategia inmediata del Gobierno se centra en la aprobación de varios decretos y proyectos de ley que esta misma semana llegan al Congreso. Los estrategas de Moncloa sostienen que, a pesar de las fuertes advertencias de formaciones como ERC, Junts o el PNV, ninguna de las fuerzas que apoyan la investidura desea una caída abrupta del Ejecutivo que propicie un escenario electoral con la derecha en ascenso.
El punto clave y la negociación definitiva de esta etapa —según fuentes parlamentarias— será el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado. El PNV, siempre pragmático y respetuoso con los tiempos políticos, expresó claramente la postura general del bloque: «Presente los Presupuestos y, si no logra sacarlos adelante, convoque elecciones». Ese es el límite real que considera el entorno de Sánchez. El Gobierno intentará elaborar las cuentas públicas contra reloj y, si no lo consigue, quedará despejado el camino para un adelanto electoral.
Formando el relato de la disolución
El plan de resistencia no solo busca prolongar la duración de la legislatura, sino también definir el marco político para el próximo proceso electoral. Al aprovechar la agenda legislativa y presentar propuestas con un claro enfoque social en el Congreso, Sánchez presiona a sus socios para que se posicionen: o apoyan las iniciativas del Gobierno o se alinean con el bloqueo de la derecha.
Si la negociación presupuestaria fracasa, el presidente podrá disolver las Cortes argumentando que ha intentado llegar a un acuerdo hasta el último momento, presentándose ante el electorado como el principal garante de estabilidad frente a la presión de la oposición y la inestabilidad de los partidos independentistas. Desde Moncloa reconocen que la era de los grandes acuerdos estructurales ha concluido, pero no están dispuestos a cerrar el ciclo sin librar la última batalla en el Boletín Oficial del Estado.
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