El partido liderado por Santiago Abascal solicita que los fondos públicos sufraguen más de un millón de euros correspondientes a los intereses derivados de los préstamos obtenidos en el banco húngaro MBH Bank, cuyo tipo de interés excede el promedio aplicado por la banca española.
MADRID. Vox ha formalizado una petición al Estado para que asuma el pago de los intereses abonados por los créditos contratados con Hungría. La formación dirigida por Abascal busca que el erario público cubra un tipo de interés cercano al 11% aplicado por MBH Bank —una entidad vinculada al Gobierno de Viktor Orbán—, lo que representa una tasa considerablemente superior a la media ofertada por los bancos españoles.
Te puede interesar
La solicitud está vinculada a las subvenciones estatales destinadas a financiar los gastos electorales de los partidos políticos en función de sus resultados. No obstante, la aceptación de estos intereses elevados, que superan en hasta seis puntos porcentuales el promedio del mercado financiero nacional, ha reavivado el debate político y técnico sobre los límites en la financiación pública de las formaciones políticas.
Un millón de euros en intereses bajo revisión
La controversia respecto a estos créditos no es reciente. Vox acudió a MBH Bank —entidad en la que el Gobierno de Orbán tiene una participación cercana al 20%— para financiar sus campañas, alegando dificultades para obtener préstamos en bancos españoles convencionales. En conjunto, la formación solicitó créditos por 13,5 millones de euros (6,5 millones para las elecciones generales de 2023 y 7 millones para las europeas).
Los registros contables muestran que, solo por el primer tramo de 6,5 millones de euros de principal, Vox pagó un total de 1.059.319,43 euros en intereses en catorce meses. La devolución del principal se realizó en un único día mediante transferencias rápidas financiadas con subvenciones estatales, pero ahora el partido busca que la Administración pública también cubra el sobrecoste de ese millón de euros generado por el elevado interés pactado con Budapest.
La discusión sobre el coste adicional financiero
La intención de Vox de imputar estos gastos al Estado enfrenta el análisis de organismos encargados del control. Aunque la legislación española permite que el Estado financie los gastos corrientes y financieros de las campañas según lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), la aceptación voluntaria de condiciones financieras tan elevadas en comparación con el mercado nacional genera preocupación.
Los agentes fiscalizadores evalúan si un gasto de intereses tan elevado puede considerarse una «gasto necesario y justificado» para la campaña o si, por el contrario, supone una irregularidad que no debería sufragarse con fondos públicos. Por su parte, la oposición parlamentaria ha cuestionado la actitud del partido, acusándolo de depender sistemáticamente de aliados políticos extranjeros para su financiación mientras solicita una protección total de los recursos públicos en otros ámbitos.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
